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Nacionales

Extendieron hasta el 31 de marzo el congelamiento de los alquileres

El Gobierno nacional prorrogó la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año prorrogando por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres, en virtud de la pandemia por el coronavirus.

Lo hizo mediante el decreto 66/2021 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández, y los ministros que conforman el gabinete nacional.

De esta forma continuará vigente por otros dos meses el beneficio para los inquilinos que se encuentren ocupando una vivienda única.

Además, la norma amplía de 6 a 12 el número de cuotas que los inquilinos tienen para pagar deudas de locación y promueve una instancia de mediación para resolver los conflictos.

Por otra parte, se estableció la prórroga de la vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021. De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato.

La prórroga, es la tercera anunciada desde que salió la medida por primera vez, el 11 de marzo de 2020.

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Nacionales

Los detalles del programa Precios Justos, que se lanza hoy

El acuerdo abarca a 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en el país y tiene como objetivo «lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos». A través de la Resolución 823/2022 el Gobierno fijó las condiciones.

El Ministerio de Economía estableció las condiciones y la modalidad que adoptará el programa Precios Justos, acuerdo que regirá por cuatro meses -desde el actual hasta febrero próximo-, a través de la Resolución 823/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La nueva iniciativa –precisa la resolución- tendrá el objetivo de “garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o una variación constante y previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad”, y se prolongará entre este mes y el 28 de febrero próximo.

En concreto, el acuerdo establece que los productos que se mantendrán con precios fijos y que ingresan al programa sostendrán un valor constante por los 120 días de vigencia del mismo, sin modificaciones.

En tanto, las empresas que se sumen al programa deberán comercializar al resto de sus productos –que no tendrán precios fijos- con un tope de aumento de 4% en noviembre respecto a los valores promedio de octubre, y con topes de la misma magnitud para el resto de los meses de vigencia tomando siempre como referencia el valor del mes anterior.

En todos los casos, las empresas que suscriban el convenio deberán vender los productos de forma “constante e ininterrumpida”, tomando en cuenta “el promedio de abastecimiento ocurrido en los últimos doce meses” y que las firmas “cuenten con los insumos necesarios a dicho efecto”.

Para ello, la resolución dispuso un esquema de control mediante el cual cada empresa deberá informar de forma mensual entre los días 1 y 10, el volumen total provisto a los supermercados de cada uno de los productos con precios fijos a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno.

Por su parte, en caso de que las empresas no puedan proveer el producto por causas ajenas a las mismas, deberán informarlo a las 72 horas de tomar conocimiento de dichas causa y comercializar, en su lugar, algún producto sustituto y equivalente.

Del mismo modo, los supermercados también deberán informar bajo el mismo esquema los volúmenes solicitados al proveedor y los efectivamente recibidos.

Al igual que en otros programas gubernamentales, los productos que formen parte del programa estarán señalizados en las góndolasfolletería plataformas digitales con el nombre Precios Justos, al igual que en las puertas de ingreso de los locales adheridos.

Las empresas caerán en una infracción en el caso de no ofertar los productos, no identificar con la señalética a, al menos, el 80% de los mismos; o en el caso que establezcan alguna restricción al número de venta por consumidor o grupo familiar.

También caerán en un incumplimiento si no responden “en tiempo y forma a los requerimientos de información”.

Foto Archivo

El acto de lanzamiento se realizará a las 11 en el Centro Cultural Kirchner, informaron a Télam fuentes de la Secretaría de Comercio.

Cien empresas participan del acuerdo

Del acuerdo participan alrededor de cien empresas, que representan el 86% del consumo masivo en el país y entre las que se destacan Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras.

«Además, los supermercados podrán abastecer con productos de marcas propias», se indicó.

Cómo consultar los productos y comercios adheridos

Los consumidores podrán consultar los productos y cadenas comerciales adheridas al programa ingresando aquí a partir de este viernes o bien a través de una aplicación por celular, disponible en Android e IOS, además de dos chatbots para el canal minorista (+54 9 11 2879 0887) y mayorista (+54 9 11 2524 4728).

DETALLES DEL PROGRAMA

 ¿Qué es Precios Justos?

Precios Justos es un acuerdo voluntario por 120 días entre el Estado Nacional, las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo y los supermercados para mantener con precios constantes más de 1500 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza.

¿Cómo se llevará a cabo?

El acuerdo consta de dos ejes: Por un lado, los productos que se mantendrán con precios fijos ingresan en el programa a un precio hasta un 4% superior al promedio registrado durante el mes de octubre de 2022 y se mantendrán estables los próximos 120 días.

Por otro lado, el resto de los productos que comercializan las empresas que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas.
 
A su vez, el Estado otorga garantía y certidumbre en el proceso de importación de bienes intermedios, bienes terminados que son parte de la cadena de valor e insumos para las empresas que se comprometen en este acuerdo de precios.

¿Cuál es el objetivo de la medida?

El objetivo de la medida es lograr la estabilidad de los precios de productos esenciales que consumen los hogares argentinos por un período de tiempo determinado.
 
¿Cuánto tiempo durará la medida?
 
Será por 120 días a partir de la firma de los convenios.
 
¿Qué empresas participan del acuerdo?
 
Alrededor de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina. Algunas de las que participan son Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras. Además, los supermercados podrán abastecer con productos de marcas propias.
 
¿Cuántos productos tiene Precios Justos y qué rubros abarca?
 
Contiene más de 1500 productos a precio fijo de almacén, lácteos, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos y bebidas.

¿En qué tipo de comercios se puede encontrar Precios Justos?
 
Las y los consumidores podrán encontrar los productos del programa en las góndolas de supermercados minoristas y mayoristas.
 
¿Cómo identifico los productos en el supermercado?
 
La Secretaría de Comercio confeccionó una señalética específica de Precios Justos para que los supermercados indiquen de forma clara y precisa cuáles son los productos alcanzados por la medida. La misma estará visible en las góndolas de los supermercados.
 
¿Dónde se pueden consultar los productos, precios y comercios adheridos?
 
En la página oficial de programa.
 
Además, la Secretaría pone a disposición otros canales. En la aplicación Precios Justos (disponible en Android e IOS) las y los consumidores podrán realizar un seguimiento de los productos. La app permite:
 
1) Escanear el código de barras de un producto y saber si está dentro del acuerdo.
 
2) Conocer el listado de productos con Precios Justos.
 
3) Denunciar el incumplimiento del programa.
 
¿Hay otro canal de consulta?
 
El programa también cuenta con dos chatbots, uno para consultas sobre el canal minorista (+54 9 11 2879-0887) y otro para consultas sobre el canal mayorista (+54 9 1125244728).
 
El chatbot con información del canal minorista está pensado para las y los consumidores y el chatbot con información del canal mayorista está pensado para los pequeños comerciantes (almacenes, autoservicios, etc).
 
¿Qué pasará con Precios Cuidados?
 
A partir de la firma de estos acuerdos, Precios Justos absorbe los productos incluidos en Precios Cuidados.
 
¿Es un congelamiento de precios?
 
Se trata de un acuerdo voluntario entre el Estado, empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados.
 
¿El programa se va a aplicar en todo el país?
 

 
Fiscalización y verificación del cumplimiento
 
¿Cómo será el sistema de verificación?
 
En el marco de los operativos de fiscalización para corroborar el cumplimiento de los acuerdos nacionales, la Secretaría de Comercio firmará convenios con intendentes e intendentas para fortalecer los monitoreos.  De esta manera, se amplía la dotación de fiscalizadores en todo el país.
 
La Secretaría dará a las intendencias las pautas técnicas y las capacitaciones necesarias para la realización de las inspecciones y luego el proceso de sanción se realizará a través de los mecanismos habituales que lleva adelante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
 
Estos acuerdos se replicarán con distintos municipios de todo el país para reforzar el carácter federal de la medida.  A su vez, la Secretaría de Comercio transferirá a la autoridad local correspondiente el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito.
 
Además, a los efectos de garantizar el cumplimiento de la pauta de precios acordada, la Secretaría de Comercio continuará monitoreando de manera diaria la variación de precios a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

Monitoreo para el cumplimiento del acuerdo

En el marco de los operativos de fiscalización para corroborar el cumplimiento de los acuerdos nacionales, la Secretaría de Comercio firmará convenios con intendentes e intendentas para fortalecer los monitoreos, de modo tal de ampliar la dotación de fiscalizadores en todo el país.

Foto Archivo
Foto: Archivo.

La Secretaría de Comercio dará a las municipalidades «las pautas técnicas y las capacitaciones necesarias para la realización de las inspecciones y luego el proceso de sanción se realizará a través de los mecanismos habituales que lleva adelante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores», aclaró la repartición dirigida por Matías Tombolini.

Los acuerdos «se replicarán con distintos municipios de todo el país para reforzar el carácter federal de la medida» y a su vez, Comercio precisó que «transferirá a la autoridad local correspondiente el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito».

A los efectos de garantizar el cumplimiento de la pauta de precios acordada, la Secretaría continuará monitoreando de manera diaria la variación de precios a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

Desde el sector empresario, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, confirmó que el Gobierno nacional convocó a las empresas del sector para avanzar en un acuerdo de precios, con el objetivo de bajar la inflación.

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Nacionales

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto 2023

Tras 15 horas de debate, se logró la aprobación en general de la iniciativa que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de Presupuesto 2023 con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. El mismo contempla un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60%, un gasto total de $ 29 billones, y se estableció que el gasto total educativo no podrá ser inferior al 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

El oficialismo consiguió sancionar la iniciativa en una sesión que se extendió por más de 19 horas, aunque no logró incorporar el artículo para eliminar la exención de Ganancias a los integrantes del Poder Judicial y excluyó el artículo que permitía al Gobierno modificar las retenciones agropecuarias.

Los bloques opositores sumaron 134 votos negativos contra 116 del oficialismo, por lo que el artículo fue rechazado.

El Proyecto

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos.

El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.

Foto Prensa
Foto: Prensa.

Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual, si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.

El proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un acrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que prevé destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales.

Foto Prensa
Foto: Prensa.
Telam SE

El debate

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller afirmó que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 «no es un presupuesto de ajuste» y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.

Al exponer como miembro informante de la mayoría, en el inicio de la sesión, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 «está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preocupante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo».

Foto Prensa
Foto: Prensa.

«Hemos visto algunos informes periodísticos que se han centrado en el presupuesto del Ministerio de Educación, pero eso es solo una parcialidad del gasto asignado a este concepto. Lo lógico es analizar los gastos por finalidad y función en los cuales se integran los gastos que proceden de diferentes fuentes. Por ejemplo, hay partidas que están en el Ministerio de Obras y que tiene que ver con la realización de edificios para las escuelas pero que forman parte de los gastos destinados a la Educación», dijo el legislador.

En ese contexto, señaló que se han incrementado partidas sociales por un monto de 322 mil millones de pesos, con lo cual «no es un presupuesto de ajuste».

También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que «la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarios y devaluatorios».

En su exposición, Heller destacó el crecimiento de la actividad económica tras «haber superado la pandemia al señalar la suba del 6,4% interanual registrada en agosto respecto a igual mes de 2021».

Posteriormente, el diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo «se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe».

A modo de ejemplo de esto último, el legislador de la oposición citó el artículo que prevé un beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.

Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que «a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal».

En su discurso, el diputado del PRO criticó el beneficio impositivo que recibirá el gremio de camioneros y señaló que representa «84.175 millones de pesos, que es el doble del bono para la indigencia» que está otorgando el Gobierno para las personas de menores recursos.

Por su parte, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que «este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina»

Agregó que «se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento».

Interbloques Provincias Unidas y Federal anunciaron su respaldo

El titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, apoyó el proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no comulgan “con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.

Con similar sintonía, el titular del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, también explicitó el aval de sus legisladores al proyecto al destacar el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al proyecto original.

«Desde nuestro interbloque no acordamos con impedir el tratamiento trabando la realización de la sesión legislativa con el voto negativo en general, creemos que ese no es el camino. Adelantamos entonces el apoyo al Presupuesto en cuestión», expresó Di Giácomo durante su discurso en el recinto.

En ese sentido, agregó: “No comulgamos con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.

“Por esto no trabajamos para impedir su tratamiento, en todo caso el poder ejecutivo deberá hacerse cargo de sus resultados; porque el sector que rige los destinos del país debe hacerse cargo de los éxitos y de los fracasos», agregó el legislador.

Por su parte, Rodríguez destacó que el oficialismo haya incluido correcciones al proyecto de Presupuesto y por eso «vamos a acompañar en general» pero anticipó su rechazó a las delegaciones al Poder Ejecutivo para reformar las alícuotas de retenciones.

Destacó que es importante que «antes de fin de octubre nos encontremos debatiendo la posibilidad cierta de aprobar el presupuesto y eso hay que destacar.»

«Valoremos que hayamos podido incluir correcciones» entre las que mencionó «que se haya asignado al transporte del interior del país una suma que se pueda actualizar cómo evolucione la economía», dijo Rodríguez.

Por último, el legislador señaló que «la Argentina necesita invertir y generar empleo y un camino es insistir en que las pymes tengan menor presión tributaria para generar empleo».

Milei y Espert, en contra

Los diputados de las bancadas de derecha Javier Milei y José Luis Espert rechazaron el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, al cuestionar los gastos previstos, el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal y la proyección de inflación para el próximo año.

El diputado Milei dijo que «por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto”,

«La inconsistencia técnica más grosera del Presupuesto es esa inflación del 60% (para 2023) ¿Dónde viven? La inflación en Argentina vive acelerándose, estamos en el 83% pero en los últimos tres meses oscila entre el 100% y el 125%», agregó el legislador al hablar en el recinto.

Por su parte, el economista y legislador de Avanza la Libertad, José Luis Espert, afirmó que «nunca un gobierno endeudó a un Estado más que el de Alberto Fernández: 100.000 millones de dólares, sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones, y con estos niveles de tasas de interés, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos”,

También criticó el aumento del gasto público al señalar por «por empatía con una sociedad que no da más de pagar impuestos, el gasto público no debería crecer eso, sino mucho menos».

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Nacionales

Segmentación de tarifas: los aumentos de luz se postergan para octubre

La primera quita de subsidios de luz para el grupo de altos ingresos se postergó un mes a pedido de las provincias que no pudieron ubicar en su totalidad a los usuarios de menores ingresos que, por no haberse inscripto en el registro RASE, pasarían a pagar la totalidad del servicio.

Por el momento, la quita de subsidios comenzó para los usuarios no residenciales (comercios y pymes) de energía eléctrica, mientras que para los usuarios residenciales comenzará efectivamente durante este mes de octubre. 

La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó este martes a Noticias Argentinas que los aumentos de las tarifas de luz que iban a llegar con las facturas de octubre pasarán a noviembre dado que recién se aplicarán desde este mes. Se trata de un universo conformado por los usuarios que quedaron en el N1 (altos ingresos) y los de bajos recursos que por distintas condiciones no se registraron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

«Para comercios la segmentación comenzó el primero de septiembre, lo que se postergó para el primero de octubre es el retiro de subsidios para aquellos que no estaban inscriptos en los N1, el resto sigue igual«, declaró a NA.

Y añadió: «Lo único que se modificó es N1 y aquel que no estaba inscripto, a quiénes se iba a retirar el subsidio el primero de septiembre; se le retirará el primero de octubre». Además, recordó que los usuarios que estaban en el grupo N2 ya estaba previsto que no iban a tener aumentos y no se les iba a retirar el subsidio. «

«Hubo demora con la base de datos y los cruces de las provincias y muchas provincias nos solicitaron un tiempo más para salir a buscar a aquellos que no estaban inscriptos que ellos los tienen ubicados como de bajos recursos, nos pidieron más tiempo y se lo dimos y para organizar se decidió pasar al 1 de octubre», explicó la secretaria.

Según estimaciones del Gobierno, el 35 por ciento de los usuarios de energía eléctrica —sobre un total de 15 millones— no se anotó en el formulario RASE para mantener los subsidios.

Una parte puede corresponder a personas que no lo hicieron porque decidieron no solicitar el subsidio, pero desde la Secretaría de Energía entienden que gran parte de ese porcentaje son personas que no se inscribieron por falta de información o conectividad pero que por su nivel de ingreso deberían seguir subsidiados.

Las distribuidoras de energía que operan en el AMBA —Edenor y Edesur— recibieron una comunicación de Cammesa (la empresa mayorista de energía eléctrica) donde se les pedía que en forma excepcional no emitan facturas con cuadros nuevos durante septiembre. 

Y luego, el ENRE (ente regulador) les informó que comenzará con la segmentación a partir de octubre. Por lo tanto, los clientes de estas empresas verán el impacto en sus facturas solo durante una parte de este mes y sobre todo durante noviembre.

Las inscripciones

Según datos oficiales al 1 de octubre 9.824.721 hogares completaron la carga del formulario virtual desde el 15 de julio; 197.182 solicitudes fueron modificadas y 114.281 solicitudes fueron dadas de baja. Este último grupo se amplió a partir de la decisión del BCRA de quitar la posibilidad de comprar dólar ahorro a quienes perciben el subsidio de tarifas.

Unos 433.470 hogares corresponden a la tarifa 1 que son los de ingresos altos que van perdiendo los subsidios gradualmente; 5.627.097 corresponden a la tarifa 2 que son los de ingresos bajos y que mantendrán los subsidios mientras que 3.764.154 de hogares se enmarcan en la tarifa 3 de ingresos medios, mantienen los subsidios. La iniciativa de segmentación oficial propuse una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar. 

Segmentación en las tarifas de gas

En el caso de la segmentación en las tarifas de gas, fuentes oficiales aseguraron que se pondrá en marcha en las próximas semanas. Si bien las empresas ya cuentan con los nuevos cuadros tarifarios y con las listas de clientes que perderán subsidios aún resta definir los topes de consumos no subsidiados que se aplicarán en cada zona del país.

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