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Judiciales

Confirmaron la condena a Marcelo Lavallén por el abuso de una menor

El Tribunal de Impugnación Penal confirmó los tres años de prisión para el docente, que fue denunciado tras abusar de una alumna de 15 años. En octubre de 2020 lo habían condenado por abuso sexual agravado.

El Tribunal de Impugnación no hizo lugar a los recursos interpuestos por la fiscalía, la defensa y la querella y, de esa manera, confirmó la condena contra Marcelo «Chino» Lavallén, un profesor de educación física de 53 años, a tres años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual agravado. La víctima es una menor que era su alumna.

El fallo condenatorio había sido dictado por la jueza de audiencia Alejandra Flavia Ongaro, y ahora fue ratificado por el juez Fernando Rivarola y la jueza María Eugenia Schijvarger, integrantes de la Sala B del TIP.

lavallen

Esa sentencia había sido impugnada por el defensor particular del acusado, Gastón Gómez, quien adujo que existió «una errónea valoración de la prueba» aduciendo que «no hubo inmadurez sexual de la damnificada», quien al momento de los hechos tenía 15 años. El abogado había pedido la absolución y, subsidiariamente, un cambio en la modalidad de la pena.

El fiscal Marcos Sacco y el querellante Diego Masoero –en nombre de los padres de la víctima– recurrieron para pedir una pena de cinco años de prisión.

Los hechos probados por Ongaro y confirmados ahora ocurrieron en octubre de 2018, cuando el imputado abusó sexualmente de la adolescente en el departamento de un amigo. El vínculo entre ambos, según detalló oportunamente la jueza, se generó en el ámbito escolar ya que el acusado era preceptor y la víctima su alumna.

Todo se destapó a raíz de otro suceso ocurrido días más tarde, cuando personal de la Seccional Primera de Santa Rosa halló a ambos en el interior del vehículo del condenado. En ese momento, Lavallén puso en marcha su vehículo, aceleró y luego de una persecución de unas diez cuadras se detuvo. Recién ahí fue detenido por los efectivos.

Ongaro señaló en su fallo que ese último encuentro «no se produjo azarosamente». «Por el contrario fue deliberadamente planificado por el imputado, quien aprovechando sus facultades como preceptor, realizó corrimientos y suspensión de algunas horas de clase, de modo tal que logró que la víctima y su curso se retiraran antes de finalizar la jornada escolar. El paso siguiente fue ofrecerse llevarla –pese a que la estudiante le dijo que iba a la casa de su abuela, ubicada a pocas cuadras del colegio–, para finalmente estacionar en un lugar descampado, sin lograr avanzar debido a la llegada del móvil policial”, detalló.

Lavallén en el último tiempo apareció junto al pastor evangélico y exconcejal Roberto Torres, quien lo entrevistó y se aludió a la violación de la que fue autor -aunque sin mencionarla- señalándola como «una mala decisión» de la que fue posible «salir» gracias a la conducta religiosa. En esa charla, que Torres compartió en sus redes sociales, el docente queda expuesto más como una «víctima» que como una persona que cometió un delito.

Inmadurez

El TIP, en su fallo, remarcó que «de la prueba reunida (declaración en Cámara Gesell y testimoniales de una psicóloga forense y dos terapeutas), entendemos que se probó a través de una pericia que dio cuenta de la inmadurez sexual» de la menor.

«Esa pericia no fue contrarrestada por otra opinión profesional que determinase una conclusión opuesta. En tal sentido, no podemos desestimar la información que surge de la pericia psicológica, ni considerar que esa evaluación careció de fuerza convictiva», insistieron.

«El aprovechamiento del imputado también resultó acreditado en relación a su función de preceptor en la entidad educativa, que lo ubica, no sólo por la edad sino por ese rol, también en una situación de asimetría respecto a la víctima», añadieron Rivarola y Schijvarger.

«Las conclusiones arribadas por las psicólogas son además coincidentes con el estado de la doctrina y jurisprudencia que no asimilan necesariamente la existencia de alguna experiencia sexual previa, a madurez sexual. Esta cuestión ha sido ampliamente desarrollada por la jueza de audiencia en respuesta a la principal cuestión controvertida con abundante cita de fallos y doctrina», argumentó el TIP.

Autoridad

Con respecto a la pena de tres años, Rivarola y Schijvarger expresaron que «entre la circunstancia agravante derivada de la función laboral de preceptor y la edad del imputado, contra las circunstancias atenuantes de su falta de antecedentes, el arrepentimiento expresado en el juicio y la no acreditación de un daño más allá de la lesividad propia del tipo penal, entendemos que la cuantificación efectuada por la jueza de audiencia en el mínimo de la escala es ajustado a derecho».

Sobre la efectividad de la pena, advirtieron que «si bien se trata de una primera condena y además el acusado carece de antecedentes, no es menos cierto que la particular situación de preceptor y de alumna, dentro del colegio donde el condenado prestaba servicios, posee aristas que tornan inconveniente la imposición de una pena en suspenso, toda vez que –tal como acertadamente apuntó la sentencia–, el imputado tenía un rol de autoridad dentro de una institución, y se esperaba de él un comportamiento tuitivo y protectorio hacia los adolescentes que se encontraban bajo su control administrativo, manteniendo la distancia pertinente en función del lugar que cada uno tenía, y no una conducta como la desplegada de seducción y acercamiento erótico».

Finalmente, el TIP subrayó que «el hecho que se haya dado en estas circunstancias, en un ámbito educativo, reviste la gravedad suficiente para considerar apropiada la imposición del mínimo de la pena de cumplimento efectivo».​

El diario de la pampa.

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General Pico: condenaron a trabajador rural por abuso sexual

La jueza de audiencia de juicio de General Pico, María José Gianinetto, condenó a siete años de cárcel, a un trabajador rural, al que encontró culpable de los cargos de «amenazas simples y abuso sexual con acceso carnal» agravados por haber sido cometidas contra la persona con la que mantuvo una relación de pareja y por mediar violencia de género.

En diciembre de 2020, ingresó al domicilio de su ex pareja durante la madrugada y la abusó sexualmente. Semanas más tarde, a principios de este año, volvió a abusar sexualmente de la mujer, en el mismo domicilio.

En tanto, el 6 de febrero pasado, se apersonó nuevamente en el domicilio de su ex pareja, para agredirla y amenazarla de muerte.

El juicio se desarrolló a lo largo de tres jornadas, con la intervención del fiscal Luciano Rebechi, de la letrada Alejandra Rodríguez Vargas en representación de la víctima como querellante particular y, del defensor privado, Raúl Quiroga.

En los alegatos finales, el fiscal mantuvo la acusación y solicitó la pena de siete años de prisión. La querella expresó que adhería a las peticiones de la Fiscalía y, la defensa solicitó la absolución por no haberse acreditado el hecho.

La jueza dio por probados los hechos y señaló que la damnificada se encontraba inmersa en un contexto de violencia, y que era sometida por «quien fuera su pareja y padre de sus hijos a todo tipo de violencia: psicológica, física y sexual».

La arena.

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Abusos en 25 de Mayo: liberaron a Tatavitto

El STJ dio curso a un habeas corpus del abogado defensor, Omar Gebruers. Sigue condenado, pero ahora habrá que esperar una apelación que presentó en la Corte Suprema.

El Superior Tribunal de Justicia aceptó este miércoles el recurso de habeas corpus presentado por su defensa y ordenó la inmediata liberación del único condenado por abuso sexual en un jardín de la localidad pampeana de 25 de Mayo. Consideró que la extensión de la prisión preventiva es abusiva.

Marcelo Tatavitto, condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de un menor de edad, será liberado de manera inmediata de la comisaría de Winifreda, hasta que la sentencia quede firme. En ese momento, de confirmarse la pena, volvería a prisión.

Le otorgan la libertad porque están vencidos todos los plazos para mantener a una persona con prisión preventiva. La resolución la emitió este miércoles la Sala B del STJ, conformada con subrogantes: María José Gianinetto, y Ricardo Daniel Rodriguez Salto.

Tatavitto estaba detenido en la comisaría de Winifreda desde el pasado 13 de agosto, cuando un tribunal de audiencia integrado por Flavia Ongaro, Raúl Miguez Martín y María Florencia resolvió extender su prisión preventiva, como se terminaron todas las instancias de apelación en la provincia, se consideró que el riesgo de fuga es real y debe permanecer detenido. El docente ya estuvo dos años y siete meses en prisión preventiva durante la primera parte de la investigación.

Sin embargo, el recurso de Gebruers prosperó y este miércoles fue liberado. El pasado 30 de julio, el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Marcelo Tattavito Roade y, de ese modo, le confirmó la condena a 12 años de prisión como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado, por haber provocado un grave daño en la salud mental de la víctima, y abuso sexual gravemente ultrajante. Los hechos concursaron en forma real y fueron cometidos en perjuicio de dos alumnos del Jardín de Infantes N° 12 de 25 de Mayo.

Los abusos fueron cometidos entre marzo y abril de 2015 en el baño de la Oficina de Coordinación –donde Tatavitto prestaba servicios– de la Escuela Especial 10, que funcionaba en el mismo edificio que el JIN. Los defensores particulares del acusado, Omar Gebruers y Alejandra Lezcano López, presentaron un recurso extraordinario solicitando la absolución de Tattavito por insubsistencia de la acción penal; es decir porque no se llegó a una sentencia firme en un plazo razonable. Ese mismo planteo ya le fue denegado por la propia Sala B del STJ el 15 de septiembre del año pasado.

Espera definición en libertad

Tatavitto aguardará ahora en libertad la definición en la Corte de la apelación a su condena. En los fundamentos de la medida, los dos jueces subrogantes mencionaron que «la acción de hábeas corpus formulada, tiene como objeto impugnar la prisión preventiva dictada contra Marcelo Tatavitto Roade por la Audiencia de Juicio, con el argumento central de que contraría una decisión anterior del STJ, de fecha 30/07/2021».

La defensa sostuvo que en esa sentencia, la Sala B del STJ dejó en claro que aunque el proceso penal continuase adelante, a pesar de estar pendiente de decisión un recurso extraordinario federal ante la CSJN, en el cual se debate la insubsistencia de la acción penal, no se ejecutaría ninguna decisión contraria a los intereses del condenado hasta que no se resuelva esa cuestión.

«En otras palabras, en esa sentencia la Sala B del STJ, resolvió que el proceso puede continuar, incluso con nueva sentencia de condena -circunstancia que ocurrió-, pero si la CSJN llega a hacer lugar al recurso extraordinario federal, cualquier decisión que se haya tomado se volverá abstracta. Es decir que sería posible que la condena penal que hoy pesa sobre el imputado se deje sin efecto, no como consecuencia de un recurso contra la condena en sí, sino por debatirse la subsistencia o insubsistencia de la acción penal», añadieron los magistrados.

«No corresponde emitir aquí una opinión sobre la conveniencia o no de continuar con el proceso penal en esas condiciones, porque es una cuestión que ya ha sido resuelta por el Tribunal, con otra integración», aclararon.

En ese sentido, reconocieron que «es cierto que la acción de habeas corpus no puede ser utilizada como atajo para sustituir otros recursos ordinarios y extraordinarios», pero advirtieron que  «la misma Sala B del STJ ha hecho mérito y declarado procedentes recursos de habeas corpus que impugnaban la extensión de la prisión preventiva luego de terminado el máximo del plazo legalmente previsto».

El diario de la pampa.

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16 años de cárcel por abuso sexual y lesiones graves a su expareja

Un hombre de 25 años fue condenado a 16 años de prisión, por ser autor de los delitos de lesiones graves calificadas por el vínculo –por la relación de expareja–, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

Los hechos fueron enmarcados en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, al imputado se le mantendrá la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

La sentencia fue rubricada por el juez de audiencia santarroseño, Daniel Alfredo Sáez Zamora, quien tras las pruebas reunidas durante el juicio oral, dio por probado que el 24 de septiembre del año pasado, a la tarde, el acusado llegó a la vivienda de un familiar “con la excusa de buscar un casco, pero era para ver si la víctima estaba en ese lugar”.

En ese momento existió una discusión y el imputado se fue. Poco después regresó junto a otros dos familiares y un amigo. Su objetivo era retirar a su expareja de la casa. Por ello fue que –después de sacarla de debajo de una cama– comenzó a golpearla y patearla. El hombre que estaba con la mujer logró que el imputado se retirara nuevamente.

Pero este hombre poco después también se fue y la damnificada quedó sola. Cerró la puerta con llave y la trabó con una garrafa y el cabo de un hacha.

Sin embargo, cuando estaba durmiendo, el agresor volvió a ingresar al domicilio después de romper el vidrio de una ventana. Otra vez la golpeó y le produjo “numerosos cortes con una botella que estaba rota”, según detalló la sentencia.

La víctima trató de escapar, pero el acusado la llevó hasta su domicilio. Allí su hermana bañó a la damnificada, le limpió las heridas y le cambió la ropa.

En ese momento, el victimario volvió a pegarle. A posteriori la trasladó hasta la parte de la vivienda que ellos habitaban y abusó de la mujer. Al ver el estado en que estaba, y siendo la madrugada del 25, la trasladó al hospital local junto a su cuñado.

“Gran violencia”

Durante los alegatos finales, el fiscal Cristian Alejandro Casais había pedido una pena de 18 años de prisión, y la querella (Secretaría de la Mujer), representada por Silvana Andrea Abraham y Flavia Rubin, adhirió a esa postura.

El defensor oficial Juan José Hermúa, en tanto, no discutió las lesiones sufridas por la víctima, ya que el propio acusado reconoció la autoría; pero sí negó el abuso sexual y por eso solicitó que se tuviera en cuenta la escala penal por las lesiones graves calificadas (3 a 10 años de prisión).

Durante los tres días de debate se escucharon las declaraciones de 15 testigos y la palabra del acusado. Algunos de esos testimonios –los de familiares y amigos del acusado– fueron calificados por Sáez Zamora como “imprecisos y en algunos casos limítrofes con la reticencia (….) Si bien no fueron mendaces, entiendo que el vínculo existente entre ellos y el acusado incidió en la calidad de sus declaraciones”.

Al momento de fijar la sanción, el juez consideró como atenuantes, a favor del condenado, su relativa juventud (“lo que me permite considerar que todavía podría internalizar pautas que permitan una correcta inserción en la sociedad”) y que posea un trabajo estable como albañil.

Como contrapartida, tuvo en cuenta como agravantes, que se trató de “un ataque de gran violencia a una mujer que se encontraba sola y en un lugar que le permitió actuar con total discrecionalidad”; agregando que el nivel de violencia fue “desproporcionado en función de las condiciones físicas de la víctima, la falta de oposición que ella ejerció y el motivo que lo llevó al ataque, con una visión objetivizada de la mujer y con una finalidad de control y dominio sobre la víctima”.

Por último, Sáez Zamora también enumeró que el agresor posee antecedentes penales y que pocos meses antes del hecho había agotado otro pena (por robo y hurto), lo que dio pie para concluir que “aún no internalizó conductas que hacen a la adecuada convivencia social”.​

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