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Colonia Barón: Confirmaron condena por un despido contra la Municipalidad

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico confirmó una condena contra la Municipalidad de Colonia Barón, y el correspondiente pago de la indemnización, por el despido de una trabajadora que prestó servicios durante ocho años.

La resolución de los jueces Alejandro Pérez Ballester y Mariano Martín, no haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por el municipio, ratificó en un todo lo que había dispuesto la jueza Laura Juan, hasta hace pocos días titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 1.

La causa se inició a partir de la demanda promovida por la trabajadora luego que en 2018, sin aviso previo, la comuna dejara de darle tareas. Ella adujo que durante cinco años, de lunes a viernes y en distintos horarios, realizó tareas de limpieza, maestranza y mantenimiento en espacios públicos, en la posta sanitaria, en el salón de usos múltiples y en tres escuelas. Por esas labores percibía una remuneración diaria, que le abonaba la Municipalidad y ella lo refrendaba suscribiendo una planilla.

La mujer detalló que en ningún momento la comuna cumplió con la obligación de registrar el vínculo laboral, en el marco de la ley 643 (Estatuto para los agentes de la administración pública) o del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad desarrollada, ni de abonar los haberes fijados reglamentariamente. Como el municipio negó la obligación de regularizar la relación laboral y su propia existencia, la mujer se dio por despedida.

¿Qué respondió la intendencia frente a ello? Que la demandante trabajó en “ocasiones esporádicas” en actividades “puntuales y específicas”; prestando servicios de limpieza a través de un contrato a plazo determinado, tal cual lo establece el artículo 3° de la ley 643. Ese texto dice que “el personal no permanente comprende solamente a los agentes contratados, que prestan servicios en forma personal y directa, cuya relación laboral se crea mediante un contrato de plazo determinado”.

“Precariedad laboral”

Oportunamente, la jueza de primera instancia, para determinar la verdadera naturaleza laboral del vínculo, dijo que la propia intendencia introdujo indicios de la existencia de esa relación al hablar de un “contrato a plazo determinado” y aportar documentación, pese a ser “de carácter precario, como fotocopias simples sin respaldo de certeza o autenticidad alguna”.

También Juan avaló que la relación se extendiera durante ocho años, a raíz de lo declarado por una testigo, ya que el municipio no produjo ninguna prueba en contrario. “Las características del vínculo que uniera a la trabajadora con la demandada puso de manifiesto la dependencia jurídica, técnica y económica de aquella”, expresó.

La magistrada afirmó que la mujer “trabajó para la Municipalidad de Colonia Barón de manera informal, cumpliendo horarios rotativos y en diferentes lugares, y percibió una remuneración, fijada en forma arbitraria y unilateral sin comprobantes y sin corresponder a escala o categoría preestablecida”. Agregó que no existió ningún contrato escrito y, por ello, habló de “precariedad laboral”.

Respuesta “poco seria”

La Municipalidad, al recurrir la sentencia de primera instancia ante la Cámara, adujo que el vínculo laboral “no fue probado” y que se trató de una relación comercial (prestación de servicios) porque la empleada era monotributista. “Esas circunstancias no fueron puestas en consideración en la primera instancia, lo que impide a este tribunal de alzada entrar a considerarlas. Además, la demandada omitió solicitar que se librará un oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que informara sobre la situación de la trabajadora frente al monotributo”, señalaron Pérez Ballester y Martín.

Por otro parte, la comuna cuestionó que la jueza dijera que no aportó documentación sobre la relación laboral y por ello se preguntó: ¿qué otra documentación podría haberse acompañado si nunca existió un vínculo laboral? “Esta última afirmación es poco seria. Al contestar la demanda dijo que se encontraba vinculada a través de un contrato escrito, y la jueza correctamente le hizo saber que omitió adjuntarlo”, respondieron los jueces.

“El recurso de apelación se encuentra claramente desierto porque la parte apelante omitió criticar los fundamentos por los cuales la jueza (Juan) tuvo por acreditada la relación laboral que existió entre la trabajadora y la municipalidad”, concluyó la Cámara.

La reforma.

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16 años de cárcel por abuso sexual y lesiones graves a su expareja

Un hombre de 25 años fue condenado a 16 años de prisión, por ser autor de los delitos de lesiones graves calificadas por el vínculo –por la relación de expareja–, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

Los hechos fueron enmarcados en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, al imputado se le mantendrá la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

La sentencia fue rubricada por el juez de audiencia santarroseño, Daniel Alfredo Sáez Zamora, quien tras las pruebas reunidas durante el juicio oral, dio por probado que el 24 de septiembre del año pasado, a la tarde, el acusado llegó a la vivienda de un familiar “con la excusa de buscar un casco, pero era para ver si la víctima estaba en ese lugar”.

En ese momento existió una discusión y el imputado se fue. Poco después regresó junto a otros dos familiares y un amigo. Su objetivo era retirar a su expareja de la casa. Por ello fue que –después de sacarla de debajo de una cama– comenzó a golpearla y patearla. El hombre que estaba con la mujer logró que el imputado se retirara nuevamente.

Pero este hombre poco después también se fue y la damnificada quedó sola. Cerró la puerta con llave y la trabó con una garrafa y el cabo de un hacha.

Sin embargo, cuando estaba durmiendo, el agresor volvió a ingresar al domicilio después de romper el vidrio de una ventana. Otra vez la golpeó y le produjo “numerosos cortes con una botella que estaba rota”, según detalló la sentencia.

La víctima trató de escapar, pero el acusado la llevó hasta su domicilio. Allí su hermana bañó a la damnificada, le limpió las heridas y le cambió la ropa.

En ese momento, el victimario volvió a pegarle. A posteriori la trasladó hasta la parte de la vivienda que ellos habitaban y abusó de la mujer. Al ver el estado en que estaba, y siendo la madrugada del 25, la trasladó al hospital local junto a su cuñado.

“Gran violencia”

Durante los alegatos finales, el fiscal Cristian Alejandro Casais había pedido una pena de 18 años de prisión, y la querella (Secretaría de la Mujer), representada por Silvana Andrea Abraham y Flavia Rubin, adhirió a esa postura.

El defensor oficial Juan José Hermúa, en tanto, no discutió las lesiones sufridas por la víctima, ya que el propio acusado reconoció la autoría; pero sí negó el abuso sexual y por eso solicitó que se tuviera en cuenta la escala penal por las lesiones graves calificadas (3 a 10 años de prisión).

Durante los tres días de debate se escucharon las declaraciones de 15 testigos y la palabra del acusado. Algunos de esos testimonios –los de familiares y amigos del acusado– fueron calificados por Sáez Zamora como “imprecisos y en algunos casos limítrofes con la reticencia (….) Si bien no fueron mendaces, entiendo que el vínculo existente entre ellos y el acusado incidió en la calidad de sus declaraciones”.

Al momento de fijar la sanción, el juez consideró como atenuantes, a favor del condenado, su relativa juventud (“lo que me permite considerar que todavía podría internalizar pautas que permitan una correcta inserción en la sociedad”) y que posea un trabajo estable como albañil.

Como contrapartida, tuvo en cuenta como agravantes, que se trató de “un ataque de gran violencia a una mujer que se encontraba sola y en un lugar que le permitió actuar con total discrecionalidad”; agregando que el nivel de violencia fue “desproporcionado en función de las condiciones físicas de la víctima, la falta de oposición que ella ejerció y el motivo que lo llevó al ataque, con una visión objetivizada de la mujer y con una finalidad de control y dominio sobre la víctima”.

Por último, Sáez Zamora también enumeró que el agresor posee antecedentes penales y que pocos meses antes del hecho había agotado otro pena (por robo y hurto), lo que dio pie para concluir que “aún no internalizó conductas que hacen a la adecuada convivencia social”.​

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Condenaron a 30 años a Laureano González

Este viernes al mediodía se dio a conocer el fallo por el ataque que sufrió Nadia Lucero hace dos años. Organizaciones sociales y feministas recibieron la novedad en el lugar.

Laureano González fue condenado este viernes a 30 años de prisión, tal cual lo había requerido el Ministerio Público Fiscal, por la tentativa de homicidio de su entonces pareja, Nadia Soledad Lucero.

Los jueces de audiencia santarroseños, Daniel Sáez Zamora, Gastón Boulenaz y Alejandro Ongaro, lo hallaron culpable de los delitos de homicidio triplemente calificado –por la relación de pareja, por alevosía y por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género–, en grado de tentativa; abuso sexual mediando violencia y aprovechándose de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, agravado por haber existido acceso carnal; y tenencia de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal; concursando la totalidad de los delitos entre sí en forma real.

Además el Tribunal de Audiencia valoró los hechos en el marco de la ley 26485 de Protección Integral contra las Mujeres y le mantuvo la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. En cambio lo absolvió parcialmente del delito de abandono de persona agravado, por el que fuera acusado por la querella.

Con respecto a los otros tres imputados, Claudio Ezequiel Reyna fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo como autor de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave; Daiana Manuela Escudero recibió dos años en suspenso por el mismo delito; y Franco Luciano Devia fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por ser responsable de encubrimiento.

A su vez, a Reyna y Devia se les hizo cesar la prisión preventiva y se ordenó que queden en libertad inmediatamente; mientras que a Escudero y Devia se le impusieron reglas de conducta durante dos años (fijar residencia y someterse al Ente de Políticas Socializadoras).

Finalmente, el Tribunal le fijó a los tres, hasta que la sentencia adquiera firmeza, que fijen domicilio y les prohibió cualquier acercamiento respecto de Lucero y su domicilio.​

La semana pasada el fiscal Andrés Torino había pedido una pena de 30 años de prisión para González por la tentativa de homicidio en perjuicio de su expareja Nadia Soledad Lucero, y dos años de prisión de cumplimiento efectivo para Franco Luciano Devia y Claudio Ezequiel Reyna y dos años en suspenso para Daiana Manuela Escudero por el delito de encubrimiento agravado. La querella, en cambio, requirió 33 años para el principal imputado. 

El diario de la pampa.

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Investigan inédita estafa a una docente

El fraude que investiga el Poder Judicial se dio por una posible clonación de una tarjeta de débito del Banco de La Pampa que opera en la red Link. Ese modus operandi ya se dio en otros puntos del país y otros bancos locales, pero nunca había ocurrido en la entidad crediticia provincial.

El jueves 5 de agosto antes del mediodía, una trabajadora docente revisó su cuenta-sueldo del Banco de La Pampa y confirmó que tenía depositado todo su salario. Minutos después, cuando quiso concretar el pago de los servicios, detectó con desesperación que todo su dinero había «desaparecido».

Mediante una estafa que es inédita utilizando una tarjeta de débito del Banco de La Pampa, le vaciaron la cuenta y además solicitaron desde la misma una suerte de adelanto salarial.

El Poder Judicial tiene confirmado que se trata de una maniobra cuyo modus operandi ya se ha registrado en otros puntos del país y en otras entidades bancarias, pero nunca hasta ahora usando una tarjeta de débito del Banco de La Pampa.

De ahí que, con inquietud por la novedosa maniobra, las autoridades del BLP y también de la Red Link analizan respuestas y soluciones a esa situación. El expediente está en manos del área de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública.

No hubo filtración de datos

La estafa no deriva de alguna filtración de datos o descuidos de la clienta: pudo haber sido un hackeo o un caso de «skimming», un modo en el que los estafadores se apropian de determinados datos -especialmente de los números de seguridad del plástico- que permiten una suerte de «clonación» de la tarjeta.

En el caso del BLP esa maniobra resulta, en principio, más compleja, ya que hay mecanismos de seguridad mediante los cuales, por ejemplo, son necesarias otras claves (o Token) para hacer cada operación particular. Aun así, reconocen expertos en el tema, ningún sistema es totalmente invulnerable.

Casos similares a este se han detectado, en general en otros lugares del país, pero ya trascendieron otras situaciones de personas damnificadas en La Pampa: ocurrieron sobre todo en los bancos Hipotecario y Santander.

En este caso del BLP, la víctima de la estafa formalizó su denuncia y espera una respuesta de la entidad para su situación económica inmediata: le vaciaron la cuenta sueldo a poco de acreditado su salario.

El monto total de la estafa ronda los $130.000, que incluyen la maniobra mediante la cual hicieron compras usando un «adelanto» de casi $40.000 del sueldo del mes próximo.

La docente, que prefirió que por ahora no trascienda públicamente su identidad, dejó muy claro ante la consulta de el diario lo que ya saben autoridades bancarias y judiciales: «Nunca di mis datos, no los conoce nadie y están bien cuidados. Opero en los cajeros y siempre con la app del Banco de La Pampa, estoy informada y al tanto de los engaños con páginas mellizas, así que tampoco se trata de una maniobra de ese tipo».

La mujer también aclaró que no extravió en ningún momento su billetera con documentación ni su teléfono celular. En el Poder Judicial intentan dilucidar la situación y por ahora lo único claro, según los investigadores, es que se trata de una estafa poco común.

Las transferencias

La docente usó por última vez su tarjeta de débito para hacer un pago en un bar del centro de Santa Rosa, en la noche del 4 de agosto.

Al día siguiente se produjeron las transferencias, todas ellas hacia una plataforma que se intenta rastrear. La primera de ellas fue a las 12:02 por $10.000 y después siguieron: a las 12:09 por $20.000, a las 12:28 por $19.998,80, a las 12:31 por $19.852,75, a las 12:32 por $19.985,75, a las 12:34 por $19.685,78 y a las 12:35 por $19.865,47.

En todos los casos se trata de operaciones de Pago Electrónico Inmediato (PEI). La maniobra se está investigando y el Poder Judicial analiza las transferencias y sus destinos.

La trabajadora perjudicada apuntó: «Lo que espero es que el banco o quien corresponda se haga cargo cuanto antes, porque la situación es angustiante y genera mucha inseguridad. Vulneraron la cuenta en la que recibo el pago de mi trabajo. No solo me dejaron sin un peso, lo que me impide afrontar el pago de los gastos cotidianos, sino que ya sé que el mes que viene voy a cobrar la mitad si no hay una respuesta concreta», advirtió.

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