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Judiciales

Abuso en 25 de Mayo: confirman la condena a Marcelo Tattavito

El Superior Tribunal de Justicia ratificó la sentencia a 12 años de prisión. Los delitos se cometieron entre marzo y abril de 2015 en un baño de la Escuela Especial 10 de esa ciudad.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Marcelo Tattavito Roade y, de ese modo, le confirmó la condena a 12 años de prisión como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado, por haber provocado un grave daño en la salud mental de la víctima, y abuso sexual gravemente ultrajante. Los hechos concursaron en forma real y fueron cometidos en perjuicio de dos alumnos del Jardín de Infantes N° 12 de 25 de Mayo.

La resolución fue dictada por la Sala B, conformada por la jueza del Tribunal de Impugnación Penal, María Eugenia Schijvarger, y el juez de audiencia de General Pico, Carlos Federico Pellegrino, ambos en calidad de subrogantes. Así, ellos ratificaron en un todo lo que había dispuesto el TIP, integrado por los jueces de control, Carlos Chapalcaz y Carlos Ordás, también en condición de subrogantes.

Los abusos fueron cometidos entre marzo y abril de 2015 en el baño de la Oficina de Coordinación –donde Tatavitto prestaba servicios– de la Escuela Especial 10, que funcionaba en el mismo edificio que el JIN.

Los defensores particulares del acusado, Omar Gebruers y Alejandra Lezcano López, tienen aún la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Allí ya tienen presentado un recurso extraordinario solicitando la absolución de Tattavito por insubsistencia de la acción penal; es decir porque no se llegó a una sentencia firme en un plazo razonable. Ese mismo planteo ya le fue denegado por la propia Sala B del STJ el 15 de septiembre del año pasado.

Idas y vueltas del expediente 

“Luego de haber analizado los agravios presentados por el recurrente, llegamos a la conclusión de que el fallo del TIP efectuó una revisión integral, teniendo especialmente en cuenta los puntos indicados por la sentencia de casación de diciembre de 2017, dando cumplimiento a ese mandato. Por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad de la presentación recursiva”, indicaron Schijvarger y Pellegrino. Y agregaron que en el recurso de casación, la defensa solamente “reeditó cuestionamientos con la clara intención de que sean nuevamente evaluados”.

El 1 de febrero de 2017, El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa condenó a Tatavitto Roade a 18 años de prisión por la autoría de los dos abusos ultrajantes y por su participación en el abuso sexual gravemente ultrajante de un tercer menor. Por esa misma sentencia también fueron condenados María José Tello, Oscar Aníbal López y Gabriela Angélica Bastías. Tres meses más tarde, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó el fallo.

El 29 de diciembre de ese año, la Sala B del Superior Tribunal –integrada por los ministros Fabricio Luis Losi y Elena Victoria Fresco–, declaró inválida la sentencia condenatoria y le ordenó al TIP que, con una conformación diferente, emitiera un nuevo fallo. Además absolvió a Tello por el beneficio de la duda.

El TIP, a través de Chapalcaz y Ordas, dictó el 20 de septiembre de 2020 la nueva sentencia. Condenó a Tatavitto Roade a 12 años de prisión por dos casos de abuso sexual gravemente ultrajante y lo absolvió por el tercer hecho por “existir una duda razonable”. También fueron absueltos López y Bastías. Contra ese fallo, los defensores presentaron el recurso de casación que ahora fue respondido por la Sala B.

Los fundamentos punto por punto

Schijvarger y Pellegrino, antes de analizar las controversias formuladas por Gebruers y Lezcano López, señalaron que “en razón de que la sentencia del TIP, en lo que hace a los hechos y a la pena de 12 años, operó como primera sentencia condenatoria, entendemos que este recurso de casación debe abordarse de manera más amplia; ello a fin de asegurarle al imputado el doble conforme”. Hicieron esa aclaración porque habitualmente la casación no permite una revisión extraordinaria, que incluya un nuevo examen sobre los hechos.

La defensa pidió la absolución de Tattavito por insubsistencia de la acción penal y la nulidad de la resolución del TIP.  Gebruers y Lezcano López indicaron que la condena a 12 años fue arbitraria porque se apartó de lo resuelto por la Sala B el 29 de diciembre de 2017; ya que el fallo del TIP fue invalidado y aun así, el organismo insistió –con las mismas pruebas– con el dictado de otro fallo condenatorio. Y agregaron que antes de dictarse esta nueva sentencia del STJ, debió aguardarse la resolución de la Corte sobre la insubsistencia de la acción penal porque podría ocurrir que hubiese “sentencias contradictorias”.

Schijvarger y Pellegrino respondieron que “no es factible paralizar el estudio y avance procesal de la causa en virtud de que el recurso extraordinario se encuentre a estudio de la Corte Suprema”, y explicaron que no hay ningún perjuicio para Tattavito al continuarse con la tramitación del proceso. “Eventualmente, de tener el recurso extraordinario una decisión favorable a sus intereses, devendría en abstracto cualquier decisión de un tribunal inferior a la Corte que la contradiga, siendo el peor escenario haber invertido tiempo en la tramitación de la revisión integral y de la casación”, agregaron.

Con respecto al alcance de lo resuelto por esta Sala B del Superior Tribunal (con diferente integración) el 29 de diciembre de 2017, expresaron que los jueces no mandaron “a dictar ningún contenido futuro o solución del caso ‘preestablecida’, sino una nueva sentencia que respetase las reglas del razonamiento y realizara una revisión amplia (…) Del resultado de dicha revisión, solo se arribó a una condena respecto de Tattavito, resultando los demás coimputados absueltos”.

La defensa sostuvo que si para el STJ no hubo un “plan concertado” entre los imputados, la única consecuencia sería la absolución de todos ellos. “La sentencia casada no decidió la condena de Tattavito (a 12 años) por los hechos en perjuicio de los dos niños en función de la existencia de un plan criminal, ni tampoco de un plan concertado. Las alusiones al plan sistemático entre los docentes provinieron de la anterior sentencia del TIP, que fue anulada por la Sala B. De hecho, la nueva sentencia receptó ese mandato y por ello absolvió a dos personas”, afirmaron Schijvarger y Pellegrino.

La defensa manifestó que un bañó público como el de la Oficina de Coordinación –donde se cometieron los abusos– no es un “ámbito privado”, como se sostuvo en la sentencia. El STJ dijo que un baño ubicado en un edificio público no pierde el carácter de lugar de intimidad. “Esa postura se cae a poco que razonemos tomando un caso que nos lleve al absurdo: hasta los llamados ‘baños públicos’ de uso general, emplazados por ejemplo en los tribunales, las universidades, los colegios, las clínicas u hospitales mantienen el aspecto de privacidad para quien lo utiliza”.

La defensa calificó de “inverosímiles” los relatos de las víctimas, dando cuenta de la secuencia que debió cumplir Tattavito para lograr el presunto acometimiento, y menos aún porque nadie lo vio entrando o saliendo del baño de Coordinación –ni en ningún otro espacio– con algún niño. Schijvarger y Pellegrino sostuvieron que “no podemos soslayar que si bien todos los testigos fueron contestes en que ‘nadie vio niños en la Coordinación y nadie vio al condenado entrar a las salitas del jardín’ –ubicada al lado del baño–, fue acertado el pesaje que el tribunal intermedio le dio a la calidad de la información que trajeron los testigos”.

“Porque no lo vieron, pero tampoco estaban en posición de hacerlo; bien porque era corto el lapso en el que se encontraban físicamente en el edificio de la Escuela Especial 10, como razonablemente explicaron; o porque no estaban prestando atención a esa circunstancia ya que estaban haciendo su propio trabajo (avocados a niños discapacitados, arreglando la huerta, o dando una clase especial). A partir de esa información producida en el juicio, y correctamente valorada por la Sala subrogante del TIP, se desprendió que la mayoría de las veces Tattavito estaba solo”, subrayó el STJ.

La defensa se preguntó por qué los alumnos no dijeron nada ni lloraron después ser abusados. “El médico forense (Juan Carlos) Saliba explicó que el umbral de dolor es muy subjetivo y que va ligado a la cuestión mental. Hay niños fracturados que no lloran, y otros que se golpean y lloran una barbaridad (…) A esto, debemos sumarle el contexto lúdico en el que se produjeron los abusos, tal como lo expuso el psicólogo (Ignacio) Dalgalarrondo” (actual coordinador de las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos), remarcaron la jueza y el juez.

Enfatizaron que el especialista indicó durante el juicio que una de las dos víctimas pudo develar el abuso cuando sintió dolor; en cambio en otros niños “los mecanismos resistenciales fueron tan fuertes que no lo pudieron poner en palabras”. Y agregó que “el contexto lúdico, sumado a la posibilidad de distintos umbrales de dolor, perfectamente pudieron dar cuenta de la alegada falta de llanto”.

“El profe pelado”

El develamiento del abuso surgió en uno de los niños a partir de que su abuela observó que “se había hecho caca”, explicó el STJ. Cuando le preguntó los motivos, el pequeño respondió que le daba vergüenza ir al baño. Fue ahí cuando ella quiso saber si le habían tocado la cola y el niño le contó un “secreto acerca del ‘profe pelado’ que lo llevó a “una sala con control remoto, dijo una palabras mágicas y la puerta se abrió”. Acotó que “fue con su amigo (la otra víctima)”, que “en la sala secreta le sacó la ropa” (y abusó de él) y que en el lugar “había cajas y sintió dolor”.

Schijvarger y Pellegrino remarcaron que “la abuela lo llevaba al jardín y tenía la cotidianeidad del trato diario. Ella fue la que vio a su nieto asustado aferrarse a su pierna cuando apareció Tattavito. No solamente pudo deducirlo porque era el único hombre pelado, sino porque su nieto reaccionó aferrándose a su pierna y se escondió”. El hecho ocurrió antes de que la víctima verbalizara el develamiento.

“Si bien en ese momento la mujer no le dio significación, al develarse el hecho a partir de que el niño se hizo caca”, observó en él “cambios de conducta” (pesadillas, encopresis, no querer ir al jardín), acotó el Tribunal. Así, con la certificación de las lesiones anales y la descripción que su nieto le hizo del agresor (hombre pelado con pelos en la cara), la abuela relacionó a Tatavitto con “ese susto; esa reacción instintiva, espontánea y primitiva del niño”, añadió la jueza y el juez. Y se preguntaron: “¿había otra asociación esperable?, ¿había otra figura masculina en el jardín?, ¿fue caprichosa la conclusión?”.

La defensa planteó que existió sugestionabilidad e influencia de terceros sobre los niños con relación a la autoría de los abusos. El perito de la Corte Suprema, Martín Segovia, manifestó durante el juicio que no sufrieron “influencia de terceros o contaminación contextual, por fuera de la inevitable influencia por su temprana edad y alta dependencia de su mundo adulto significativo”. También expresó que “el niño metió un lápiz en el ano de una cabra. Eso no es un juego de un niño de cinco años. Como médico legista, no puedo desvincular esa situación lúdica con el hallazgo anatómico” de las lesiones. Incluso el experto aseveró que un niño no puede replicar esa acción del lápiz si no la vio o padeció.

Si uno de los niños pudo contar cómo era el baño y que había cajas, en forma coincidente con las fotos incorporadas como pruebas, ¿cómo pudo saberlo si no estuvo allí?, se interrogaron Schijvarger y Pellegrino. Además, basándose, en los psicólogos que testificaron en el debate y en la psicóloga personal del niño, descartaron que haya existido abuso intrafamiliar. Incluso, el STJ ofreció más argumentos: los dos niños, después de lo ocurrido, no querían ir al jardín y tuvieron encopresis y pesadillas. Ambos, además, sufrieron lesiones anales compatibles con abusos.

“En síntesis (…), estamos en posición de considerar que las pruebas producidas muestran la existencia de indicios coherentes, suficientes, concordantes, lineales y unívocos que permiten acreditar la existencia material del hecho y la autoría de Tattavito”, concluyeron Schijvarger y Pellegrino. ​

El diario de la pampa.

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16 años de cárcel por abuso sexual y lesiones graves a su expareja

Un hombre de 25 años fue condenado a 16 años de prisión, por ser autor de los delitos de lesiones graves calificadas por el vínculo –por la relación de expareja–, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

Los hechos fueron enmarcados en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, al imputado se le mantendrá la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

La sentencia fue rubricada por el juez de audiencia santarroseño, Daniel Alfredo Sáez Zamora, quien tras las pruebas reunidas durante el juicio oral, dio por probado que el 24 de septiembre del año pasado, a la tarde, el acusado llegó a la vivienda de un familiar “con la excusa de buscar un casco, pero era para ver si la víctima estaba en ese lugar”.

En ese momento existió una discusión y el imputado se fue. Poco después regresó junto a otros dos familiares y un amigo. Su objetivo era retirar a su expareja de la casa. Por ello fue que –después de sacarla de debajo de una cama– comenzó a golpearla y patearla. El hombre que estaba con la mujer logró que el imputado se retirara nuevamente.

Pero este hombre poco después también se fue y la damnificada quedó sola. Cerró la puerta con llave y la trabó con una garrafa y el cabo de un hacha.

Sin embargo, cuando estaba durmiendo, el agresor volvió a ingresar al domicilio después de romper el vidrio de una ventana. Otra vez la golpeó y le produjo “numerosos cortes con una botella que estaba rota”, según detalló la sentencia.

La víctima trató de escapar, pero el acusado la llevó hasta su domicilio. Allí su hermana bañó a la damnificada, le limpió las heridas y le cambió la ropa.

En ese momento, el victimario volvió a pegarle. A posteriori la trasladó hasta la parte de la vivienda que ellos habitaban y abusó de la mujer. Al ver el estado en que estaba, y siendo la madrugada del 25, la trasladó al hospital local junto a su cuñado.

“Gran violencia”

Durante los alegatos finales, el fiscal Cristian Alejandro Casais había pedido una pena de 18 años de prisión, y la querella (Secretaría de la Mujer), representada por Silvana Andrea Abraham y Flavia Rubin, adhirió a esa postura.

El defensor oficial Juan José Hermúa, en tanto, no discutió las lesiones sufridas por la víctima, ya que el propio acusado reconoció la autoría; pero sí negó el abuso sexual y por eso solicitó que se tuviera en cuenta la escala penal por las lesiones graves calificadas (3 a 10 años de prisión).

Durante los tres días de debate se escucharon las declaraciones de 15 testigos y la palabra del acusado. Algunos de esos testimonios –los de familiares y amigos del acusado– fueron calificados por Sáez Zamora como “imprecisos y en algunos casos limítrofes con la reticencia (….) Si bien no fueron mendaces, entiendo que el vínculo existente entre ellos y el acusado incidió en la calidad de sus declaraciones”.

Al momento de fijar la sanción, el juez consideró como atenuantes, a favor del condenado, su relativa juventud (“lo que me permite considerar que todavía podría internalizar pautas que permitan una correcta inserción en la sociedad”) y que posea un trabajo estable como albañil.

Como contrapartida, tuvo en cuenta como agravantes, que se trató de “un ataque de gran violencia a una mujer que se encontraba sola y en un lugar que le permitió actuar con total discrecionalidad”; agregando que el nivel de violencia fue “desproporcionado en función de las condiciones físicas de la víctima, la falta de oposición que ella ejerció y el motivo que lo llevó al ataque, con una visión objetivizada de la mujer y con una finalidad de control y dominio sobre la víctima”.

Por último, Sáez Zamora también enumeró que el agresor posee antecedentes penales y que pocos meses antes del hecho había agotado otro pena (por robo y hurto), lo que dio pie para concluir que “aún no internalizó conductas que hacen a la adecuada convivencia social”.​

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Condenaron a 30 años a Laureano González

Este viernes al mediodía se dio a conocer el fallo por el ataque que sufrió Nadia Lucero hace dos años. Organizaciones sociales y feministas recibieron la novedad en el lugar.

Laureano González fue condenado este viernes a 30 años de prisión, tal cual lo había requerido el Ministerio Público Fiscal, por la tentativa de homicidio de su entonces pareja, Nadia Soledad Lucero.

Los jueces de audiencia santarroseños, Daniel Sáez Zamora, Gastón Boulenaz y Alejandro Ongaro, lo hallaron culpable de los delitos de homicidio triplemente calificado –por la relación de pareja, por alevosía y por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género–, en grado de tentativa; abuso sexual mediando violencia y aprovechándose de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, agravado por haber existido acceso carnal; y tenencia de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal; concursando la totalidad de los delitos entre sí en forma real.

Además el Tribunal de Audiencia valoró los hechos en el marco de la ley 26485 de Protección Integral contra las Mujeres y le mantuvo la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. En cambio lo absolvió parcialmente del delito de abandono de persona agravado, por el que fuera acusado por la querella.

Con respecto a los otros tres imputados, Claudio Ezequiel Reyna fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo como autor de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave; Daiana Manuela Escudero recibió dos años en suspenso por el mismo delito; y Franco Luciano Devia fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por ser responsable de encubrimiento.

A su vez, a Reyna y Devia se les hizo cesar la prisión preventiva y se ordenó que queden en libertad inmediatamente; mientras que a Escudero y Devia se le impusieron reglas de conducta durante dos años (fijar residencia y someterse al Ente de Políticas Socializadoras).

Finalmente, el Tribunal le fijó a los tres, hasta que la sentencia adquiera firmeza, que fijen domicilio y les prohibió cualquier acercamiento respecto de Lucero y su domicilio.​

La semana pasada el fiscal Andrés Torino había pedido una pena de 30 años de prisión para González por la tentativa de homicidio en perjuicio de su expareja Nadia Soledad Lucero, y dos años de prisión de cumplimiento efectivo para Franco Luciano Devia y Claudio Ezequiel Reyna y dos años en suspenso para Daiana Manuela Escudero por el delito de encubrimiento agravado. La querella, en cambio, requirió 33 años para el principal imputado. 

El diario de la pampa.

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Investigan inédita estafa a una docente

El fraude que investiga el Poder Judicial se dio por una posible clonación de una tarjeta de débito del Banco de La Pampa que opera en la red Link. Ese modus operandi ya se dio en otros puntos del país y otros bancos locales, pero nunca había ocurrido en la entidad crediticia provincial.

El jueves 5 de agosto antes del mediodía, una trabajadora docente revisó su cuenta-sueldo del Banco de La Pampa y confirmó que tenía depositado todo su salario. Minutos después, cuando quiso concretar el pago de los servicios, detectó con desesperación que todo su dinero había «desaparecido».

Mediante una estafa que es inédita utilizando una tarjeta de débito del Banco de La Pampa, le vaciaron la cuenta y además solicitaron desde la misma una suerte de adelanto salarial.

El Poder Judicial tiene confirmado que se trata de una maniobra cuyo modus operandi ya se ha registrado en otros puntos del país y en otras entidades bancarias, pero nunca hasta ahora usando una tarjeta de débito del Banco de La Pampa.

De ahí que, con inquietud por la novedosa maniobra, las autoridades del BLP y también de la Red Link analizan respuestas y soluciones a esa situación. El expediente está en manos del área de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública.

No hubo filtración de datos

La estafa no deriva de alguna filtración de datos o descuidos de la clienta: pudo haber sido un hackeo o un caso de «skimming», un modo en el que los estafadores se apropian de determinados datos -especialmente de los números de seguridad del plástico- que permiten una suerte de «clonación» de la tarjeta.

En el caso del BLP esa maniobra resulta, en principio, más compleja, ya que hay mecanismos de seguridad mediante los cuales, por ejemplo, son necesarias otras claves (o Token) para hacer cada operación particular. Aun así, reconocen expertos en el tema, ningún sistema es totalmente invulnerable.

Casos similares a este se han detectado, en general en otros lugares del país, pero ya trascendieron otras situaciones de personas damnificadas en La Pampa: ocurrieron sobre todo en los bancos Hipotecario y Santander.

En este caso del BLP, la víctima de la estafa formalizó su denuncia y espera una respuesta de la entidad para su situación económica inmediata: le vaciaron la cuenta sueldo a poco de acreditado su salario.

El monto total de la estafa ronda los $130.000, que incluyen la maniobra mediante la cual hicieron compras usando un «adelanto» de casi $40.000 del sueldo del mes próximo.

La docente, que prefirió que por ahora no trascienda públicamente su identidad, dejó muy claro ante la consulta de el diario lo que ya saben autoridades bancarias y judiciales: «Nunca di mis datos, no los conoce nadie y están bien cuidados. Opero en los cajeros y siempre con la app del Banco de La Pampa, estoy informada y al tanto de los engaños con páginas mellizas, así que tampoco se trata de una maniobra de ese tipo».

La mujer también aclaró que no extravió en ningún momento su billetera con documentación ni su teléfono celular. En el Poder Judicial intentan dilucidar la situación y por ahora lo único claro, según los investigadores, es que se trata de una estafa poco común.

Las transferencias

La docente usó por última vez su tarjeta de débito para hacer un pago en un bar del centro de Santa Rosa, en la noche del 4 de agosto.

Al día siguiente se produjeron las transferencias, todas ellas hacia una plataforma que se intenta rastrear. La primera de ellas fue a las 12:02 por $10.000 y después siguieron: a las 12:09 por $20.000, a las 12:28 por $19.998,80, a las 12:31 por $19.852,75, a las 12:32 por $19.985,75, a las 12:34 por $19.685,78 y a las 12:35 por $19.865,47.

En todos los casos se trata de operaciones de Pago Electrónico Inmediato (PEI). La maniobra se está investigando y el Poder Judicial analiza las transferencias y sus destinos.

La trabajadora perjudicada apuntó: «Lo que espero es que el banco o quien corresponda se haga cargo cuanto antes, porque la situación es angustiante y genera mucha inseguridad. Vulneraron la cuenta en la que recibo el pago de mi trabajo. No solo me dejaron sin un peso, lo que me impide afrontar el pago de los gastos cotidianos, sino que ya sé que el mes que viene voy a cobrar la mitad si no hay una respuesta concreta», advirtió.

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