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Judiciales

Investigan inédita estafa a una docente

El fraude que investiga el Poder Judicial se dio por una posible clonación de una tarjeta de débito del Banco de La Pampa que opera en la red Link. Ese modus operandi ya se dio en otros puntos del país y otros bancos locales, pero nunca había ocurrido en la entidad crediticia provincial.

El jueves 5 de agosto antes del mediodía, una trabajadora docente revisó su cuenta-sueldo del Banco de La Pampa y confirmó que tenía depositado todo su salario. Minutos después, cuando quiso concretar el pago de los servicios, detectó con desesperación que todo su dinero había «desaparecido».

Mediante una estafa que es inédita utilizando una tarjeta de débito del Banco de La Pampa, le vaciaron la cuenta y además solicitaron desde la misma una suerte de adelanto salarial.

El Poder Judicial tiene confirmado que se trata de una maniobra cuyo modus operandi ya se ha registrado en otros puntos del país y en otras entidades bancarias, pero nunca hasta ahora usando una tarjeta de débito del Banco de La Pampa.

De ahí que, con inquietud por la novedosa maniobra, las autoridades del BLP y también de la Red Link analizan respuestas y soluciones a esa situación. El expediente está en manos del área de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública.

No hubo filtración de datos

La estafa no deriva de alguna filtración de datos o descuidos de la clienta: pudo haber sido un hackeo o un caso de «skimming», un modo en el que los estafadores se apropian de determinados datos -especialmente de los números de seguridad del plástico- que permiten una suerte de «clonación» de la tarjeta.

En el caso del BLP esa maniobra resulta, en principio, más compleja, ya que hay mecanismos de seguridad mediante los cuales, por ejemplo, son necesarias otras claves (o Token) para hacer cada operación particular. Aun así, reconocen expertos en el tema, ningún sistema es totalmente invulnerable.

Casos similares a este se han detectado, en general en otros lugares del país, pero ya trascendieron otras situaciones de personas damnificadas en La Pampa: ocurrieron sobre todo en los bancos Hipotecario y Santander.

En este caso del BLP, la víctima de la estafa formalizó su denuncia y espera una respuesta de la entidad para su situación económica inmediata: le vaciaron la cuenta sueldo a poco de acreditado su salario.

El monto total de la estafa ronda los $130.000, que incluyen la maniobra mediante la cual hicieron compras usando un «adelanto» de casi $40.000 del sueldo del mes próximo.

La docente, que prefirió que por ahora no trascienda públicamente su identidad, dejó muy claro ante la consulta de el diario lo que ya saben autoridades bancarias y judiciales: «Nunca di mis datos, no los conoce nadie y están bien cuidados. Opero en los cajeros y siempre con la app del Banco de La Pampa, estoy informada y al tanto de los engaños con páginas mellizas, así que tampoco se trata de una maniobra de ese tipo».

La mujer también aclaró que no extravió en ningún momento su billetera con documentación ni su teléfono celular. En el Poder Judicial intentan dilucidar la situación y por ahora lo único claro, según los investigadores, es que se trata de una estafa poco común.

Las transferencias

La docente usó por última vez su tarjeta de débito para hacer un pago en un bar del centro de Santa Rosa, en la noche del 4 de agosto.

Al día siguiente se produjeron las transferencias, todas ellas hacia una plataforma que se intenta rastrear. La primera de ellas fue a las 12:02 por $10.000 y después siguieron: a las 12:09 por $20.000, a las 12:28 por $19.998,80, a las 12:31 por $19.852,75, a las 12:32 por $19.985,75, a las 12:34 por $19.685,78 y a las 12:35 por $19.865,47.

En todos los casos se trata de operaciones de Pago Electrónico Inmediato (PEI). La maniobra se está investigando y el Poder Judicial analiza las transferencias y sus destinos.

La trabajadora perjudicada apuntó: «Lo que espero es que el banco o quien corresponda se haga cargo cuanto antes, porque la situación es angustiante y genera mucha inseguridad. Vulneraron la cuenta en la que recibo el pago de mi trabajo. No solo me dejaron sin un peso, lo que me impide afrontar el pago de los gastos cotidianos, sino que ya sé que el mes que viene voy a cobrar la mitad si no hay una respuesta concreta», advirtió.

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Realicó: siete años de prisión por lesiones y abuso sexual

El condenado es un hombre oriundo de Realicó. El Tribunal piquense realizó dos jornadas del debate en esa ciudad ya que la mayoría de los testigos son de allí.

Funcionarios judiciales de General Pico se trasladaron a la ciudad de Realicó para efectuar dos de las cuatro jornadas de audiencias de debate en una causa por lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra la persona con la que mantiene o mantuvo una relación de pareja, amenazas simples, desobediencia judicial y abuso sexual con acceso carnal.

El acusado es un hombre de 33 años y la víctima su «ex-pareja» de 17 años de edad. La jueza María José Gianinetto lo condenó ayer a siete años de prisión.

Al ser casi todos los testigos citados a brindar testimonio en dicha causa, residentes de la mencionada localidad, el Tribunal decidió constituirse en Realicó para acercar el servicio de justicia a la comunidad.

Concurrieron la jueza de audiencia de juicio María José Gianinetto, la fiscal Ivana Hernández, el defensor oficial Guillermo Costantino y personal de la Oficina Judicial de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en General Pico. La oficina Judicial de General Pico dispuso los medios técnicos y profesionales necesarios para realizar dos jornadas del debate en la Comisaría de Realicó.

De esta manera, los alegatos de inicio y de cierre del juicio se desarrollaron en la ciudad de General Pico debido a que no era necesaria la concurrencia de testigos a los tribunales y la segunda y tercera jornada de debate – destinada a recibir testimonio de 16 testigos de la localidad realiquense – se realizaron en la mencionada ciudad.

Junto al juicio anterior desarrollado en Victorica el mes pasado, este es otro más en lo que va del año que se realiza fuera del Edificio Judicial piquense por las razones antes mencionadas y para evitar el traslado de las personas citadas a brindar testimono hasta la ciudad de General Pico. Desde años anteriores se viene realizando la misma metodología.

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Criptomonedas: formalizan a dos acusados por estafas en General Pico

El fiscal general Armando Agüero confirmó que hasta ayer a la tarde eran 13 las personas damnificadas en el marco de una estafa millonaria. El engaño consistía en simular la existencia de un fondo de inversión de criptomonedas con una tasa de interés en dólares del 20 por ciento mensual. Además, dio cuenta que los presuntos autores ya fueron identificados, dos de los cuales serán formalizados durante la mañana de hoy. El restante se mantiene prófugo de la Justicia.

Hace un par de semanas, un grupo de vecinos y vecinas de General Pico habrían sido víctimas de una estafa millonaria por personas que les aseguraron que vendían criptomonedas. En aquel momento aun no había denuncias en las comisarías o en la Fiscalía porque se sospechaba que era dinero no declarado.

Poco después aparecieron las primeras denuncias y durante el principio de esta semana se sumaron algunas más. La maniobra consistía en simular la existencia de un fondo de inversión de criptomonedas con una tasa de interés en dólares del 20 por ciento mensual.

Esto hizo por demás atractiva la inversión para algunas personas, que incluso llegaron a vender parte de sus bienes, como casas y autos, para depositarlos en ese fondo y esperar una jugosa renta. Semejante «recompensa» hizo que los damnificados depositaran el dinero en una empresa que tiene un nombre de fantasía y que aún no se pudo comprobar que sea real.

El fiscal Agüero indicó que ya hay 13 denunciantes en esta causa, y que todos serían oriundos de General Pico.

Monto millonario

En cuanto al monto de la estafa, el funcionario judicial reveló que asciende a unos 150 mil dólares -alrededor de 30 millones de pesos- y a dos millones de pesos. Esa cifra surge de la sumatoria de los montos depositados para cada uno de los damnificados y damnificadas.

Agüero, titular de la Fiscalía General de esta ciudad, que tiene a su cargo la investigación de delitos económicos, entre otros, indicó que las diferentes pistas llevaron a la identificación de los sospechosos, dos permanecen detenidos y hoy a la mañana se les formalizará una Investigación Fiscal Preparatoria en los Tribunales de la ciudad. Hay un tercer sospechoso que transita la causa en libertad y hay un cuarto imputado, que se mantiene prófugo de la Justicia piquense y sobre quien pesa un pedido de captura. Todos son de General Pico.

El delito por el cual se los investiga es el de «Estafa», una figura penal que prevé una pena que va de un mes a seis años de prisión.

Esquema Ponzi

El fiscal general explicó que este modelo «pareciera ser una estafa de esquema Ponzi, donde el beneficio que te ofrecen mensual es parte del dinero que aporta la persona estafada después que vos, y al otro le pagaron lo que te sacaron a vos». Afirmó que es un estilo similar a la piramidal, pero esta última «tiene como característica el reclutamiento y todos parecen estafadores porque buscaron nuevas personas».

Sin embargo, en ambos casos «las estafas terminan cuando ya no hay nuevos aportantes y a los viejos aportantes ya no se le paga con los nuevos sino con la masa de dinero que estaba disponible. En ese punto deja de ser rentable el engaño y se corta, es lo que pasó ahora».

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Pidieron la absolución de un médico piquense acusado por la muerte de un paciente

El médico Lucas Vergara fue llevado a juicio por la muerte de un hombre al que atendió luego de ser apuñalado. La intervención de un perito de la Corte fue clavo para la definición del caso.

Finalizó ayer el juicio oral y público contra el médico del Hospital Centeno, Lucas Vergara, para quien la Fiscalía y la Querella pidieron la absolución por el beneficio de la duda, luego de que varios profesionales que intervinieron como testigos ratificaran que el cirujano cumplió con el protocolo cuando atendió a Luis Eduardo Martínez, el paciente que ingresó apuñalado y fue suturado y dado de alta pero falleció seis días después por las heridas internas.

Los aportes de un perito de la Corte Suprema de Justicia y otros profesionales que aportó la Defensa fueron claves para que la Fiscalía desistiera de la acusación. Remarcaron que se cumplió con el protocolo y destacaron que se trató de un caso particular, donde el paciente no referenció dolores ni síntomas que arrojaran sospechas sobre las lesiones internas, que tampoco se hubiesen detectado con muchas más horas de internación.

El debate a cargo del Tribunal que integraron los jueces Marcelo Pagano y Carlos Pellegrino y la jueza subrogante Alejandra Campos estaba previsto que concluyera el día viernes, pero se desestimaron algunos testimonios programados y se adelantaron los alegatos para este jueves, donde todas las partes pidieron la absolución del profesional. El abogado querellante, Pablo Rodríguez Salto, sí recurrirá a la Justicia Civil para ir contra el Estado achacándole la responsabilidad al sistema y no al médico en particular.

Cabe recordar que Luis Eduardo Martínez (58) fue apuñalado por un joven en el exterior de su vivienda, en calles 107 y 4, el día 23 de junio de 2018. El herido fue trasladado al hospital, en estado lúcido y sin referencias de lesiones internas, donde fue atendido por Vergara, quien lo examinó y suturó, pidió un análisis de sangre y una radiografía y dejó al paciente a cargo de los médicos que ingresaban a la guardia.

Ante la insistencia de retirarse del propio Martínez, y los estudios que no indicaron complicaciones, fue dado de alta a las seis horas, pero se descompensó en su casa seis días después y falleció en el hospital. La autopsia arrojó lesiones internas en varios órganos, que desencadenaron su muerte.

Certeza

En diálogo con El Diario, el fiscal Guillermo Komarofky advirtió ayer sobre el resultado del debate que «si no se llega a la certeza necesaria, se tiene que pedir la absolución, y este no es el primer caso que sucede».

Y explicó luego que «en la investigación el fiscal tiene una posibilidad acotada de confrontar las pruebas». En esa línea, quien despertó las dudas sobre el proceder de los médicos intervinientes fue la autopsia del forense santarroseño José Sansón. Ese informe da sustento a la formalización de Vergara y las dos médicas que atendieron a Martínez al tomar la guardia, que fueron sobreseídas antes del juicio.

Previo a la formalización, la investigación sumó también el informe de un perito de la Suprema Corte de Justicia. «Ese informe es un escrito que el perito médico lo pasa a la Fiscalía, pero cuando uno tiene a ese profesional en el juicio y tiene la posibilidad de realizar preguntas y confrontar, las posibilidades de abarcar información son mucho más amplias que a través de una pericia que se pasa en papel», señaló.

Y remarcó que «inicialmente yo reuní estas pruebas que sostenían la posibilidad de elevar el caso a juicio contra Vergara, pero en el debate quedó claramente establecido como son los protocolos establecidos en pacientes como este, que ingresó bien, lúcido, normotenso, no tenía taquicardia, y que la exploración (con el dedo) que hizo Vergara fue correcta, aunque también se pudo hacer otra con un estilete, pero eso tampoco hubiera arrojado certeza por la contextura del paciente y la ubicación de la herida».

Testimonios

Consultado por las claves para revertir la acusación por «homicidio culposo», el fiscal señaló que «se agregaron testimonios de personal especializado en cirugía y el testimonio del médico perito de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Ferreres».

Y comentó luego que «el forense de la Corte admite que lo ideal hubiera sido que el paciente estuviera 12 horas internado en observación, y no seis como estuvo, pero en el caso de este paciente si lo hubiesen tenido 24 horas tampoco se habrían detectado las heridas internas».

En estos casos fiscales y jueces deben remitirse a las opiniones de los médicos especialistas y, ante opiniones encontradas, el Tribunal o la Fiscalía deben tomar en consideración la opinión del perito o profesional de mayor consideración. «El doctor Ferreres es una eminencia en cirugía y por sus trabajos en pericias, siendo el cuarto médico forense de la Suprema Corte de Justicia», remarcó Komarofky.

«Yo, como fiscal, necesitaba debatir este hecho para confrontar este tipo de pruebas con la inmediatez que da tener a los testigos cara a cara y poder preguntarles junto a las otras partes», concluyó el fiscal.

Vale destacar que el médico acusado rechazó un acuerdo de juicio abreviado, donde tendría que asumir su responsabilidad.

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