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Judiciales

Investigan inédita estafa a una docente

El fraude que investiga el Poder Judicial se dio por una posible clonación de una tarjeta de débito del Banco de La Pampa que opera en la red Link. Ese modus operandi ya se dio en otros puntos del país y otros bancos locales, pero nunca había ocurrido en la entidad crediticia provincial.

El jueves 5 de agosto antes del mediodía, una trabajadora docente revisó su cuenta-sueldo del Banco de La Pampa y confirmó que tenía depositado todo su salario. Minutos después, cuando quiso concretar el pago de los servicios, detectó con desesperación que todo su dinero había «desaparecido».

Mediante una estafa que es inédita utilizando una tarjeta de débito del Banco de La Pampa, le vaciaron la cuenta y además solicitaron desde la misma una suerte de adelanto salarial.

El Poder Judicial tiene confirmado que se trata de una maniobra cuyo modus operandi ya se ha registrado en otros puntos del país y en otras entidades bancarias, pero nunca hasta ahora usando una tarjeta de débito del Banco de La Pampa.

De ahí que, con inquietud por la novedosa maniobra, las autoridades del BLP y también de la Red Link analizan respuestas y soluciones a esa situación. El expediente está en manos del área de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública.

No hubo filtración de datos

La estafa no deriva de alguna filtración de datos o descuidos de la clienta: pudo haber sido un hackeo o un caso de «skimming», un modo en el que los estafadores se apropian de determinados datos -especialmente de los números de seguridad del plástico- que permiten una suerte de «clonación» de la tarjeta.

En el caso del BLP esa maniobra resulta, en principio, más compleja, ya que hay mecanismos de seguridad mediante los cuales, por ejemplo, son necesarias otras claves (o Token) para hacer cada operación particular. Aun así, reconocen expertos en el tema, ningún sistema es totalmente invulnerable.

Casos similares a este se han detectado, en general en otros lugares del país, pero ya trascendieron otras situaciones de personas damnificadas en La Pampa: ocurrieron sobre todo en los bancos Hipotecario y Santander.

En este caso del BLP, la víctima de la estafa formalizó su denuncia y espera una respuesta de la entidad para su situación económica inmediata: le vaciaron la cuenta sueldo a poco de acreditado su salario.

El monto total de la estafa ronda los $130.000, que incluyen la maniobra mediante la cual hicieron compras usando un «adelanto» de casi $40.000 del sueldo del mes próximo.

La docente, que prefirió que por ahora no trascienda públicamente su identidad, dejó muy claro ante la consulta de el diario lo que ya saben autoridades bancarias y judiciales: «Nunca di mis datos, no los conoce nadie y están bien cuidados. Opero en los cajeros y siempre con la app del Banco de La Pampa, estoy informada y al tanto de los engaños con páginas mellizas, así que tampoco se trata de una maniobra de ese tipo».

La mujer también aclaró que no extravió en ningún momento su billetera con documentación ni su teléfono celular. En el Poder Judicial intentan dilucidar la situación y por ahora lo único claro, según los investigadores, es que se trata de una estafa poco común.

Las transferencias

La docente usó por última vez su tarjeta de débito para hacer un pago en un bar del centro de Santa Rosa, en la noche del 4 de agosto.

Al día siguiente se produjeron las transferencias, todas ellas hacia una plataforma que se intenta rastrear. La primera de ellas fue a las 12:02 por $10.000 y después siguieron: a las 12:09 por $20.000, a las 12:28 por $19.998,80, a las 12:31 por $19.852,75, a las 12:32 por $19.985,75, a las 12:34 por $19.685,78 y a las 12:35 por $19.865,47.

En todos los casos se trata de operaciones de Pago Electrónico Inmediato (PEI). La maniobra se está investigando y el Poder Judicial analiza las transferencias y sus destinos.

La trabajadora perjudicada apuntó: «Lo que espero es que el banco o quien corresponda se haga cargo cuanto antes, porque la situación es angustiante y genera mucha inseguridad. Vulneraron la cuenta en la que recibo el pago de mi trabajo. No solo me dejaron sin un peso, lo que me impide afrontar el pago de los gastos cotidianos, sino que ya sé que el mes que viene voy a cobrar la mitad si no hay una respuesta concreta», advirtió.

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16 años de cárcel por abuso sexual y lesiones graves a su expareja

Un hombre de 25 años fue condenado a 16 años de prisión, por ser autor de los delitos de lesiones graves calificadas por el vínculo –por la relación de expareja–, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

Los hechos fueron enmarcados en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, al imputado se le mantendrá la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

La sentencia fue rubricada por el juez de audiencia santarroseño, Daniel Alfredo Sáez Zamora, quien tras las pruebas reunidas durante el juicio oral, dio por probado que el 24 de septiembre del año pasado, a la tarde, el acusado llegó a la vivienda de un familiar “con la excusa de buscar un casco, pero era para ver si la víctima estaba en ese lugar”.

En ese momento existió una discusión y el imputado se fue. Poco después regresó junto a otros dos familiares y un amigo. Su objetivo era retirar a su expareja de la casa. Por ello fue que –después de sacarla de debajo de una cama– comenzó a golpearla y patearla. El hombre que estaba con la mujer logró que el imputado se retirara nuevamente.

Pero este hombre poco después también se fue y la damnificada quedó sola. Cerró la puerta con llave y la trabó con una garrafa y el cabo de un hacha.

Sin embargo, cuando estaba durmiendo, el agresor volvió a ingresar al domicilio después de romper el vidrio de una ventana. Otra vez la golpeó y le produjo “numerosos cortes con una botella que estaba rota”, según detalló la sentencia.

La víctima trató de escapar, pero el acusado la llevó hasta su domicilio. Allí su hermana bañó a la damnificada, le limpió las heridas y le cambió la ropa.

En ese momento, el victimario volvió a pegarle. A posteriori la trasladó hasta la parte de la vivienda que ellos habitaban y abusó de la mujer. Al ver el estado en que estaba, y siendo la madrugada del 25, la trasladó al hospital local junto a su cuñado.

“Gran violencia”

Durante los alegatos finales, el fiscal Cristian Alejandro Casais había pedido una pena de 18 años de prisión, y la querella (Secretaría de la Mujer), representada por Silvana Andrea Abraham y Flavia Rubin, adhirió a esa postura.

El defensor oficial Juan José Hermúa, en tanto, no discutió las lesiones sufridas por la víctima, ya que el propio acusado reconoció la autoría; pero sí negó el abuso sexual y por eso solicitó que se tuviera en cuenta la escala penal por las lesiones graves calificadas (3 a 10 años de prisión).

Durante los tres días de debate se escucharon las declaraciones de 15 testigos y la palabra del acusado. Algunos de esos testimonios –los de familiares y amigos del acusado– fueron calificados por Sáez Zamora como “imprecisos y en algunos casos limítrofes con la reticencia (….) Si bien no fueron mendaces, entiendo que el vínculo existente entre ellos y el acusado incidió en la calidad de sus declaraciones”.

Al momento de fijar la sanción, el juez consideró como atenuantes, a favor del condenado, su relativa juventud (“lo que me permite considerar que todavía podría internalizar pautas que permitan una correcta inserción en la sociedad”) y que posea un trabajo estable como albañil.

Como contrapartida, tuvo en cuenta como agravantes, que se trató de “un ataque de gran violencia a una mujer que se encontraba sola y en un lugar que le permitió actuar con total discrecionalidad”; agregando que el nivel de violencia fue “desproporcionado en función de las condiciones físicas de la víctima, la falta de oposición que ella ejerció y el motivo que lo llevó al ataque, con una visión objetivizada de la mujer y con una finalidad de control y dominio sobre la víctima”.

Por último, Sáez Zamora también enumeró que el agresor posee antecedentes penales y que pocos meses antes del hecho había agotado otro pena (por robo y hurto), lo que dio pie para concluir que “aún no internalizó conductas que hacen a la adecuada convivencia social”.​

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Condenaron a 30 años a Laureano González

Este viernes al mediodía se dio a conocer el fallo por el ataque que sufrió Nadia Lucero hace dos años. Organizaciones sociales y feministas recibieron la novedad en el lugar.

Laureano González fue condenado este viernes a 30 años de prisión, tal cual lo había requerido el Ministerio Público Fiscal, por la tentativa de homicidio de su entonces pareja, Nadia Soledad Lucero.

Los jueces de audiencia santarroseños, Daniel Sáez Zamora, Gastón Boulenaz y Alejandro Ongaro, lo hallaron culpable de los delitos de homicidio triplemente calificado –por la relación de pareja, por alevosía y por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género–, en grado de tentativa; abuso sexual mediando violencia y aprovechándose de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, agravado por haber existido acceso carnal; y tenencia de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal; concursando la totalidad de los delitos entre sí en forma real.

Además el Tribunal de Audiencia valoró los hechos en el marco de la ley 26485 de Protección Integral contra las Mujeres y le mantuvo la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. En cambio lo absolvió parcialmente del delito de abandono de persona agravado, por el que fuera acusado por la querella.

Con respecto a los otros tres imputados, Claudio Ezequiel Reyna fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo como autor de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave; Daiana Manuela Escudero recibió dos años en suspenso por el mismo delito; y Franco Luciano Devia fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por ser responsable de encubrimiento.

A su vez, a Reyna y Devia se les hizo cesar la prisión preventiva y se ordenó que queden en libertad inmediatamente; mientras que a Escudero y Devia se le impusieron reglas de conducta durante dos años (fijar residencia y someterse al Ente de Políticas Socializadoras).

Finalmente, el Tribunal le fijó a los tres, hasta que la sentencia adquiera firmeza, que fijen domicilio y les prohibió cualquier acercamiento respecto de Lucero y su domicilio.​

La semana pasada el fiscal Andrés Torino había pedido una pena de 30 años de prisión para González por la tentativa de homicidio en perjuicio de su expareja Nadia Soledad Lucero, y dos años de prisión de cumplimiento efectivo para Franco Luciano Devia y Claudio Ezequiel Reyna y dos años en suspenso para Daiana Manuela Escudero por el delito de encubrimiento agravado. La querella, en cambio, requirió 33 años para el principal imputado. 

El diario de la pampa.

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Detuvieron a Tatavitto por los abusos en 25 de Mayo

Un tribunal ordenó este viernes la inmediata detención del docente sentenciado por los abusos en el jardín de infantes de esa localidad pampeana. Está condenado a 12 años de prisión. Los jueces dijeron que existe riesgo de fuga. Al mediodía se concretó la detención.

El tribunal conformado por los jueces subrogantes Alejandra Ongaro, Florencia Maza y Raúl Adrián Miguez ordenaron este viernes la detención inmediata del docente Marcelo Tatavitto, condenado a 12 años de prisión por los abusos de dos niños en el jardín de infantes de 25 de Mayo. La policía lo detuvo al mediodía en el domicilio legal que había fijado en la capital pampeana, en la calle Juan Schmidt del barrio Colonia Escalante, según comprobó un equipo periodístico de el diario.

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El miércoles pasado se llevó a cabo una audiencia de reexamen de las medidas de coerción sobre el docente. Este viernes los jueces resolvieron por escrito e hicieron lugar al pedido de prisión preventiva y, por lo tanto, dispusieron la inmediata detención. Tattavito ya estuvo dos años y siete meses en prisión preventiva durante la primera parte de la investigación.

El abogado de las querellas, José Mario Aguerrido, los representantes de la Fiscalía, Juan Bautista Méndez y Eugenia Bolzan, y la Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, María Agostina Pensa, habían solicitado esta semana la prisión preventiva e inmediata detención de Tatavitto.

TATAVA

Cabe recordar que, recientemente, a Tattavito le fue rechazado un recurso de casación a la defensa ejercida por Omar Gebruers. Este abogado solicitó que no se haga lugar al pedido de detención y que continúe en libertad hasta que se agoten todos los recursos extraordinarios.

Peligro de fuga

Los jueces dispusieron la prisión preventiva, según consta en los argumentos de la resolución, «en virtud de haberse producido un cambio sustancial en la situación procesal del encartado que, vinculado a otros factores, ha incrementado notablemente el riesgo de fuga».

Plantearon que, como en la justicia provincial ya no tiene instancia de apelación, «la expectativa de cumplir una pena de prisión de 12 años, ya no es una mera posibilidad como al inicio del proceso, sino que existe una alta probabilidad de que ello ocurra».

«Por un lado el imputado tiene comprobadas posibilidades de sustraerse del accionar de la justicia, por cuanto posee los medios económicos necesarios para ausentarse y permanecer oculto, a lo que se suma, el hecho de tener fuertes y directos lazos con la vecina República Oriental del Uruguay. Esta última circunstancia en particular, fue planteada en la reciente audiencia de reexamen por los órganos acusadores y no fue controvertida por la defensa», acotó el tribunal.

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 «El imputado posee un domicilio real alternativo en otra provincia, en Catriel. Esta puntual situación no fue puesta en conocimiento de los organismos judiciales hasta haber sido denunciada por la parte querellante particular, que la detectó por sus propios medios», agregó.

«Todas esas circunstancias analizadas de modo conjunto, nos llevan a concluir que, en esta etapa del proceso, donde resulta inminente la resolución definitiva de la cuestión de fondo y la expectativa de cumplir una importante pena de prisión ha crecido notablemente. El riesgo de fuga se ha incrementado y es obligación del Estado adoptar las medidas conducentes para asegurar el cumplimiento de una eventual condena definitiva», reafirmó.

«Por lo dicho, las actuales circunstancias hacen indispensable la toma de medidas que aseguren el eventual cumplimiento de la condena y, frente al comprobado agravamiento de riesgo de fuga, no existe a esos fines otra medida menos gravosa que la privación de libertad», indicó.

«Sin perjuicio de que se encuentra radicado en la Corte Suprema de Justicia de La Nación un recurso extraordinario federal incoado por la defensa, mediante el cual se solicita se declare la insubsistencia de la acción penal y se absuelva por ese motivo a Tatavitto, el riesgo procesal de peligro de fuga debe neutralizarse de modo preventivo, a los fines de evitar que el eventual cumplimiento de la pena se torne imposible», aclararon los jueces.

Por otra parte, el tribunal interpretó que en este caso no puede aplicarse el plazo de dos años fijado como máximo de tiempo de detención preventiva porque «no abarca las etapas posteriores al dictado de la primera sentencia condenatoria».

«Lo contrario implicaría que en cada proceso donde existieran recursos extraordinarios (provinciales o federales) y se excedieran los dos años de prisión preventiva, que en el contexto de -por ejemplo- un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una posibilidad cierta, la persona detenida debería ser puesta en libertad de modo inmediato sin posibilidad de volver a ser detenida preventivamente por ningún motivo, aún en el caso de que existieran altos riesgos procesales o, incluso, alto riesgo para la vida de la presunta víctima», justificó.

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Condena confirmada

El pasado 30 de julio, el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Marcelo Tattavito Roade y, de ese modo, le confirmó la condena a 12 años de prisión como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado, por haber provocado un grave daño en la salud mental de la víctima, y abuso sexual gravemente ultrajante.

Los hechos concursaron en forma real y fueron cometidos en perjuicio de dos alumnos del Jardín de Infantes N° 12 de 25 de Mayo.

La resolución fue dictada por la Sala B, conformada por la jueza del Tribunal de Impugnación Penal, María Eugenia Schijvarger, y el juez de audiencia de General Pico, Carlos Federico Pellegrino, ambos en calidad de subrogantes. Así, ellos ratificaron en un todo lo que había dispuesto el TIP, integrado por los jueces de control, Carlos Chapalcaz y Carlos Ordás, también en condición de subrogantes.

Los abusos fueron cometidos entre marzo y abril de 2015 en el baño de la Oficina de Coordinación –donde Tatavitto prestaba servicios– de la Escuela Especial 10, que funcionaba en el mismo edificio que el JIN.

Los defensores particulares del acusado, Omar Gebruers y Alejandra Lezcano López recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia. Allí ya tienen presentado un recurso extraordinario solicitando la absolución de Tattavito por insubsistencia de la acción penal; es decir porque no se llegó a una sentencia firme en un plazo razonable. Ese mismo planteo ya le fue denegado por la propia Sala B del STJ el 15 de septiembre del año pasado.

El diario de la pampa.

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