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Judiciales

Santa Rosa: empleado judicial y su padre acusados de participar en una red de pornografía infantil

Este viernes declaró en la justicia un empleado judicial de entre 35 y 40 años de edad. El lunes o martes lo hará su padre, un jubilado. Están acusados de participar de una red internacional de material de abuso sexual infantil, que fue desbaratada este jueves en un operativo simultáneo en varias provincias y paises.

Un jubilado, de entre 65 y 70 años, y su hijo, un empleado judicial de entre 35 y 40, son los dos imputados, en principio, de participar desde Santa Rosa de una red internacional de material de abuso sexual infantil. Los dos viven en el mismo domicilio -una casa y un departamento separado- y están apuntados por los investigadores. El hijo declaró este viernes. Y el padre lo hará entre lunes y martes.

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Esos son los principales detalles del caso local de la red internacional de pornografía infantil que se desbarató el último jueves en un operativo de carácter internacional. En conferencia de prensa, en el auditorio del Ministerio de Seguridad, la fiscala Micaela Sucurro, el jefe División Análisis de las Telecomunicaciones de la Policía, Temístocles Torreani, y la jefa Área Trata de Personas, María Belén Pérez Fassi, brindaron detalles de la investigación.

Videos descargados y compartidos

La fiscala Sucurro explicó que el tráfico en red se detectó en Estados Unidos y Brasil y la investigación se coordinó con una fiscalía de Ciudad de Buenos Aires, desde donde también se sumó a la justicia de varias provincias. Un usuario de la red compartió 300 videos de pornografía infantil.

Entre las conexiones de IP que participaban de la red -.descargando y compartiendo archivos- se identificó un domicilio en Santa Rosa, entre otros puntos de contacto del país.

La investigación determinó que en la vivienda de Santa Rosa moran dos personas, un jubilado y su hijo, un empleado judicial. Tienen una casa y un departamento, dividido. El jueves, a primera hora de la mañana, se hizo un allanamiento en ese lugar y también en una tercera vivienda -de la pareja del empleado judicial-, para secuestrar dispositivos tecnológicos desde los que se accedía a la red.

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Los allanamientos se hicieron a las 6 de la mañana. Para eso la fiscala tuvo que pedir una «excepción» al juez, ya que por reglamento deben realizarse con la luz del día. En este caso, se coordinó el mismo horario, en forma simultánea, con los realizados en otras provincias y otros países, para evitar que alguien pudiera dar aviso y frustrar el operativo.

Según las investigaciones, la red operó entre noviembre de 2017 y marzo de este año, cuando se compartieron los últimos archivos.

Los investigadores aclararon que ahora se realizarán las pericias para determinar si las dos personas participaban de la red de pornografía infantil o lo hacía solo una de ellas. No están detenidos. Fueron notificados de la acusación, en libertad. El padre es el titular de la conexión del servicio de internet de la CPE. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

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Un delito con 3 a 6 años de cárcel

La imputación que afrontan ambos acusados está encuadrada dentro del artículo 128 del Código Penal, con un delito que prevé penas de entre 3 y 6 años de cárcel.

De todos modos, la acusación podría agravarse en el caso de que se comprobase que hay víctimas menores de 13 años en videos locales. «No sabemos si hay víctimas en La Pampa», aclaró la fiscala, en relación a que ahora deberá peritarse el material y precisar responsabilidades y hechos.

El programa que usaban, explicó la policía, permite a los usuarios descargar y compartir archivos que están en otras computadoras de la red, que a la vez son compartidos con todos los usuarios de la red.

En el país se detectaron 79 usuarios en 14 provincias. En La Pampa, solo un objetivo.

Hasta el momento un total de 66 personas fueron detenidas entre Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Estados Unidos, y serán imputadas por descarga y tenencia de imágenes con contenido de explotación sexual infantil.

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Un operativo internacional

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la denominada Operación «Luz de Infancia IX», que es un megaoperativo internacional contra el abuso sexual infantil que fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (United States Department of Homeland Security) y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil, quienes utilizando un software P2P captaron información de usuarios que descargan y comparten material con contenido de explotación sexual infantil, delito previsto en el Art. 128 del Código Penal Argentino.

Se realizaron 70 allanamientos, de los cuales, 15 fueron en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, 18 en la Provincia de Buenos Aires, seis en Córdoba, ocho en Entre Ríos, tres en Santa Fe, tres en Chubut, cuatro en Chaco, tres en San Juan, dos en Misiones, dos en Neuquén, uno en Salta, uno en Formosa, dos en Jujuy y uno en La Pampa.

Este jueves, en conferencia de prensa, el Fiscal General, Juan Bautista Mahiques, destacó el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, conducida por la fiscal Daniela Dupuy y advirtió que «nosotros tenemos el compromiso de atacar todo el ciclo de explotación sexual infantil: desde la producción del material prohibido hasta su eventual distribución, comercialización e inclusive la mera tenencia».

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Y agregó: «Y en el caso de encontrar una producción de imágenes se agravaría la situación porque se comenzaría a investigar inmediatamente la posibilidad de un abuso, con penas aún mayores y que se sumarían a las anteriores».

El Fiscal General también remarcó que la operación fue posible gracias al trabajo coordinado de las distintas fuerzas de seguridad que trabajaron de manera eficaz a lo largo de todo el país.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, destacó la importancia de «no ceder un centímetro frente a la explotación sexual infantil», ya que se trata de «una práctica aberrante que pone en peligro a todos nuestros hijos».

En nuestro país, los allanamientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval y bajo la coordinación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).

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El dólar blue se desploma a $280

El dólar blue cede $16 y se vende a $280 en el mercado paralelo, por lo cual mantiene la tendencia a la baja que registra desde el jueves de la semana pasada.

La brecha con el dólar mayorista, regulado por el Banco Central, se achica ahora a menos de 113,7%.

El blue se hundió $18 el viernes último y cerró julio a $296, mínimo en casi dos semanas; este lunes la tendencia a la baja se profundizaba, a partir de la expectativa que genera en el mercado la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.

Durante el mes pasado, la divisa trepó $58 en el segmento informal, su mayor avance mensual en el año: en junio había terminado a $238. Desde que tocó su récord nominal histórico ($350 hace dos semanas) el blue acumula una baja de $56.

Este lunes, las cotizaciones financieras siguen en baja: el contado con liquidación opera a $273,29 y el Bolsa o MEP, a $265,81.

Por su parte, el dólar minorista se vende a un promedio de $139, el ahorro a $22,29 y el turista, a $242,61.

Mientras tanto, Massa comenzó a anunciar quiénes lo acompañarán durante su gestión en el Ministerio de Economía: Raúl Rigo será el Secretario de Hacienda y lo acompañarán Jorge Domper como subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la subsecretaría de Ingresos Públicos.

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Condenan a un hombre a 14 años de prisión por abuso sexual 

El juez dispuso la detención del condenado que había llegado en libertad al juicio. La madre fue absuelta del delito de encubrimiento. 

El juez Carlos Besi (foto) condenó a 14 años de prisión a un hombre por el abuso sexual de la hija de su pareja y absolvió a la madre que había llegado acusada de encubrimiento. En el fallo se le dictó al condenado una prisión domiciliaria, ya que llegó en libertad al juicio.

Durante el debate oral, el Ministerio Público Fiscal había acusado a una persona a «haber agredido sexualmente» a la víctima «desde que tenía 8 años de edad y hasta sus 16». Recién cuando cumplió 24 años pudo hacer la denuncia. El fiscal Walter Martos había solicitado que se lo condene a 15 años de prisión.

La madre llegó al juicio acusada de encubrimiento porque no denunció el hecho cuando su hija, al cumplir 12 años, le contó que era abusada por su padrastro. Durante los alegatos, el fiscal pidió que no se la condene porque el delito de encubrimiento estaba prescripto.

Los abogados defensores, Omar Gebruers y Alejandra Lescano López, alegaron por la absolución.

Mecánico

Besi condenó al hombre, que es mecánico en Santa Rosa, «como autor material y penalmente responsable de los delitos de Abuso Sexual Simple de una menor de 13 años de edad y Abuso Sexual con Acceso Carnal, todo ello agravado por haber resultado un grave daño en la salud mental de la víctima, por haber estado encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, todo ello como delito continuado, en calidad de autor, a la pena de Catorce Años de prisión».

Dispuso también el «Arresto Domiciliario del condenado (…) hasta la finalización del presente proceso, medida coercitiva esta que deberá hacerse efectiva en el domicilio del nombrado de esta ciudad de Santa Rosa, con vigilancia policial electrónica permanente».

El fallo también mantiene «la medida oportunamente dispuesta por el Juez de Control de restricción absoluta de acercamiento y de cualquier tipo de contacto para con la denunciante-víctima, por cualquier medio y forma (teléfono, redes sociales, mensajes de voz, mensajes de texto, etc.), también hasta la finalización de proceso».

Por último, dictó el sobreseimiento de la madre «respecto del delito de Encubrimiento Agravado por aplicación del instituto de la Prescripción de la Acción».

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Caza con jauría: el Gobierno pampeano apeló el fallo

Ante las manifestaciones efectuadas en reclamo a los aspectos legales que rigen a la ley de caza mayor, el Gobierno de La Pampa informó que el día 27 de julio pasado se presentó un Recurso Extraordinario Provincial contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en virtud de la errónea aplicación de la ley y la arbitrariedad de la sentencia de Cámara. 

En ese contexto se señaló que la interpretación y aplicación que se realiza de la normativa aplicable en la sentencia intenta justificar y/o subsanar el yerro incurrido por la parte actora (defensora oficial) al no cuestionar y/o impugnar la constitucionalidad de la legislación base, es decir la Ley Provincial Nº 1194 y la Ley Nacional Nº 22241.

El Poder Ejecutivo Provincial ha conformado su accionar y dictado la reglamentación conforme lo estatuido por la Ley 1194 y en cumplimiento de la legislación aplicable al caso.

Llamativamente declaran inconstitucionalidad del artículo 26 del Decreto Reglamentario 2218/94, el cual refiere a la manera de traslado de los canes y no a la modalidad de caza cuestionada. Dice el mencionado artículo: “el tránsito con jaurías de caza se efectuará en vehículos con caja cerrada en laterales y techo, o bien en jaulas de tal manera que no puedan salir de los rodados sin ayuda externa. Los canes estarán embozalados”.

Es aplicable la máxima indicada por la Constitución Nacional en su artículo 19 ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Las Juezas de Cámara intervinientes, en contraposición con la clara posición expuesta por la Jueza de grado, realizan una inadecuada interpretación del caso, arribando a un pronunciamiento que denota arbitrariedad y un sin sentido desde la óptica que se analice. La exégesis expuesta demuestra que el silogismo carece de premisas verdaderas y se encuentra en contraposición a la sana crítica que debe caracterizar a un pronunciamiento judicial.

En el correcto entendimiento de este caso, demuestra que es una materia exclusiva y originaria de ser tratada en un amplio debate legislativo o mediante proceso judicial idóneo, donde sean oídas las distintas partes involucradas en caso y no como insustancialmente plantean las Juezas de Cámara.

La vía excepcional elegida -Amparo- no es la idónea ni adecuada para debatir el presente asunto que involucra a aspectos sociales, culturales, económicos y biológicos que deben discutirse con una amplitud necesaria para que los distintos actores involucrados puedan exponer sus posiciones, ya sea de manera individual, colectiva o por intermedios de las autoridades que han elegido, tanto en distintas Asociaciones, Fundaciones, ONG, Entidades, Legisladores e integrantes de las áreas específicas del Poder Ejecutivo, como es la Dirección de Fauna,  Subsecretaría de Asuntos Agrarios, y Secretaría de Ambiente.

Las Juezas de Segunda Instancia no se representan las consecuencias que su decisión puede producir en la biodiversidad y en el ambiente, donde el avance descontrolado de especies exóticas invasoras originaría el desplazamiento necesario de especies autóctonas.

El jabalí es una especie exótica invasora introducida con fines de caza, con poca incidencia de predadores naturales, que por sus características de invasora se adaptó exitosamente al ecosistema y en consecuencia se reprodujo de una manera exponencial en el territorio pampeano determinando políticas de manejo prioritarias a nivel provincial.

Debido a su crecimiento, existe preocupación por los impactos económicos y sociales que se pueden producir por daños a la agricultura, por la transmisión de enfermedades al ganado y al hombre, por el incremento de colisiones en rutas y por las molestias que ocasiona el jabalí en zonas suburbanas.

Es necesario tener estrategias de manejo para la gestión efectiva de esta especie tan exitosa en términos biológicos, para evitar futuros escenarios de invasión que impliquen altos costos ambientales y socioeconómicos. En este contexto, la caza por jauría en la provincia de La Pampa, aplicada a mediana escala por un número importante de cazadores, contribuye a mantener las densidades bajas en el actual contexto.

No es razonable prohibir, en medio de la temporada de caza, una política pública de control como la descripta, denotándose que las Camaristas analizaron la cuestión desde una óptica limitada, en el marco de un proceso no idóneo.

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