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Judiciales

Condenan a un hombre a 14 años de prisión por abuso sexual 

El juez dispuso la detención del condenado que había llegado en libertad al juicio. La madre fue absuelta del delito de encubrimiento. 

El juez Carlos Besi (foto) condenó a 14 años de prisión a un hombre por el abuso sexual de la hija de su pareja y absolvió a la madre que había llegado acusada de encubrimiento. En el fallo se le dictó al condenado una prisión domiciliaria, ya que llegó en libertad al juicio.

Durante el debate oral, el Ministerio Público Fiscal había acusado a una persona a «haber agredido sexualmente» a la víctima «desde que tenía 8 años de edad y hasta sus 16». Recién cuando cumplió 24 años pudo hacer la denuncia. El fiscal Walter Martos había solicitado que se lo condene a 15 años de prisión.

La madre llegó al juicio acusada de encubrimiento porque no denunció el hecho cuando su hija, al cumplir 12 años, le contó que era abusada por su padrastro. Durante los alegatos, el fiscal pidió que no se la condene porque el delito de encubrimiento estaba prescripto.

Los abogados defensores, Omar Gebruers y Alejandra Lescano López, alegaron por la absolución.

Mecánico

Besi condenó al hombre, que es mecánico en Santa Rosa, «como autor material y penalmente responsable de los delitos de Abuso Sexual Simple de una menor de 13 años de edad y Abuso Sexual con Acceso Carnal, todo ello agravado por haber resultado un grave daño en la salud mental de la víctima, por haber estado encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, todo ello como delito continuado, en calidad de autor, a la pena de Catorce Años de prisión».

Dispuso también el «Arresto Domiciliario del condenado (…) hasta la finalización del presente proceso, medida coercitiva esta que deberá hacerse efectiva en el domicilio del nombrado de esta ciudad de Santa Rosa, con vigilancia policial electrónica permanente».

El fallo también mantiene «la medida oportunamente dispuesta por el Juez de Control de restricción absoluta de acercamiento y de cualquier tipo de contacto para con la denunciante-víctima, por cualquier medio y forma (teléfono, redes sociales, mensajes de voz, mensajes de texto, etc.), también hasta la finalización de proceso».

Por último, dictó el sobreseimiento de la madre «respecto del delito de Encubrimiento Agravado por aplicación del instituto de la Prescripción de la Acción».

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Judiciales

El dólar blue se desploma a $280

El dólar blue cede $16 y se vende a $280 en el mercado paralelo, por lo cual mantiene la tendencia a la baja que registra desde el jueves de la semana pasada.

La brecha con el dólar mayorista, regulado por el Banco Central, se achica ahora a menos de 113,7%.

El blue se hundió $18 el viernes último y cerró julio a $296, mínimo en casi dos semanas; este lunes la tendencia a la baja se profundizaba, a partir de la expectativa que genera en el mercado la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.

Durante el mes pasado, la divisa trepó $58 en el segmento informal, su mayor avance mensual en el año: en junio había terminado a $238. Desde que tocó su récord nominal histórico ($350 hace dos semanas) el blue acumula una baja de $56.

Este lunes, las cotizaciones financieras siguen en baja: el contado con liquidación opera a $273,29 y el Bolsa o MEP, a $265,81.

Por su parte, el dólar minorista se vende a un promedio de $139, el ahorro a $22,29 y el turista, a $242,61.

Mientras tanto, Massa comenzó a anunciar quiénes lo acompañarán durante su gestión en el Ministerio de Economía: Raúl Rigo será el Secretario de Hacienda y lo acompañarán Jorge Domper como subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la subsecretaría de Ingresos Públicos.

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Judiciales

Caza con jauría: el Gobierno pampeano apeló el fallo

Ante las manifestaciones efectuadas en reclamo a los aspectos legales que rigen a la ley de caza mayor, el Gobierno de La Pampa informó que el día 27 de julio pasado se presentó un Recurso Extraordinario Provincial contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en virtud de la errónea aplicación de la ley y la arbitrariedad de la sentencia de Cámara. 

En ese contexto se señaló que la interpretación y aplicación que se realiza de la normativa aplicable en la sentencia intenta justificar y/o subsanar el yerro incurrido por la parte actora (defensora oficial) al no cuestionar y/o impugnar la constitucionalidad de la legislación base, es decir la Ley Provincial Nº 1194 y la Ley Nacional Nº 22241.

El Poder Ejecutivo Provincial ha conformado su accionar y dictado la reglamentación conforme lo estatuido por la Ley 1194 y en cumplimiento de la legislación aplicable al caso.

Llamativamente declaran inconstitucionalidad del artículo 26 del Decreto Reglamentario 2218/94, el cual refiere a la manera de traslado de los canes y no a la modalidad de caza cuestionada. Dice el mencionado artículo: “el tránsito con jaurías de caza se efectuará en vehículos con caja cerrada en laterales y techo, o bien en jaulas de tal manera que no puedan salir de los rodados sin ayuda externa. Los canes estarán embozalados”.

Es aplicable la máxima indicada por la Constitución Nacional en su artículo 19 ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Las Juezas de Cámara intervinientes, en contraposición con la clara posición expuesta por la Jueza de grado, realizan una inadecuada interpretación del caso, arribando a un pronunciamiento que denota arbitrariedad y un sin sentido desde la óptica que se analice. La exégesis expuesta demuestra que el silogismo carece de premisas verdaderas y se encuentra en contraposición a la sana crítica que debe caracterizar a un pronunciamiento judicial.

En el correcto entendimiento de este caso, demuestra que es una materia exclusiva y originaria de ser tratada en un amplio debate legislativo o mediante proceso judicial idóneo, donde sean oídas las distintas partes involucradas en caso y no como insustancialmente plantean las Juezas de Cámara.

La vía excepcional elegida -Amparo- no es la idónea ni adecuada para debatir el presente asunto que involucra a aspectos sociales, culturales, económicos y biológicos que deben discutirse con una amplitud necesaria para que los distintos actores involucrados puedan exponer sus posiciones, ya sea de manera individual, colectiva o por intermedios de las autoridades que han elegido, tanto en distintas Asociaciones, Fundaciones, ONG, Entidades, Legisladores e integrantes de las áreas específicas del Poder Ejecutivo, como es la Dirección de Fauna,  Subsecretaría de Asuntos Agrarios, y Secretaría de Ambiente.

Las Juezas de Segunda Instancia no se representan las consecuencias que su decisión puede producir en la biodiversidad y en el ambiente, donde el avance descontrolado de especies exóticas invasoras originaría el desplazamiento necesario de especies autóctonas.

El jabalí es una especie exótica invasora introducida con fines de caza, con poca incidencia de predadores naturales, que por sus características de invasora se adaptó exitosamente al ecosistema y en consecuencia se reprodujo de una manera exponencial en el territorio pampeano determinando políticas de manejo prioritarias a nivel provincial.

Debido a su crecimiento, existe preocupación por los impactos económicos y sociales que se pueden producir por daños a la agricultura, por la transmisión de enfermedades al ganado y al hombre, por el incremento de colisiones en rutas y por las molestias que ocasiona el jabalí en zonas suburbanas.

Es necesario tener estrategias de manejo para la gestión efectiva de esta especie tan exitosa en términos biológicos, para evitar futuros escenarios de invasión que impliquen altos costos ambientales y socioeconómicos. En este contexto, la caza por jauría en la provincia de La Pampa, aplicada a mediana escala por un número importante de cazadores, contribuye a mantener las densidades bajas en el actual contexto.

No es razonable prohibir, en medio de la temporada de caza, una política pública de control como la descripta, denotándose que las Camaristas analizaron la cuestión desde una óptica limitada, en el marco de un proceso no idóneo.

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Condenan a empleado municipal por agredir y amenazar a su expareja

La condena fue aplicada a un hombre de 45 años, de Embajador Martini. El acusado tenía una pena en suspenso por delitos contra otra expareja 

El juez de control de General Pico, Diego Ambrogetti, condenó a un empleado municipal de Embajador Martini por agredir y amenazar a su expareja. 

Luis Rodolfo Aguilera fue sentenciado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra la persona con la que se mantiene o mantuvo una relación de pareja, en dos ocasiones, y amenazas simples reiteradas, en concurso real, en perjuicio de una expareja.

El primer episodio ocurrió cuando el acusado, un empleado municipal de 45 años, en medio de una discusión, tomó del cuello a la víctima, la tiró sobre una cama y le dijo: «dejate de joder porque te voy a cagar matando». Posteriormente, ella comenzó a juntar sus pertenencias para retirarse de la vivienda, y su agresor volvió a agarrarla de los brazos para arrojarla nuevamente sobre la cama.

Tiempo después, Aguilera profirió amenazas de muerte contra la mujer, ya que ese día le manifestó expresiones de como iba a degollarla y que, si lo denunciaba, cuando saliera de estar preso mejor que desapareciera porque si no la iba a matar.

Las amenazas también se realizaron «en forma continua durante todo el tiempo en que mantuvieron la relación», detalla la sentencia

A su vez, horas más tarde, y estando ambos en el domicilio de un hermano del imputado, otra vez sujetó fuertemente a su expareja, la empujó contra la pared y la tiró al piso.

El conflicto penal se resolvió a través del procedimiento de juicio abreviado. El acuerdo fue presentado por el fiscal Luciano Rebechi, el defensor oficial Walter Vaccaro y el propio Aguilera, quien admitió su culpabilidad. La damnificada, al ser informada sobre sus alcances, también dio su consentimiento. 

Las lesiones constatadas consistieron en escoriaciones en el tórax y los antebrazos, una pequeña herida en el labio inferior y dermatitis en la pierna derecha.

Aguilera tenía como antecedente una condena a un año de prisión en suspenso por violación de domicilio, daño simple, amenazas simples y lesiones leves calificadas en perjuicio de otra expareja.

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